No se trata de criminalizar a todo el secesionismo, dado que los violentos, los que intenta amenazar y amedrentar al discrepante, son una minoría. Pero sí de denunciar que las agresiones políticas casi siempre solo producen silencio en el bando de la ‘estelada’. Por no decir adhesiones.
Recordemos que durante el 2020 se han contabilizado en Cataluña 380 incidentes de violencia política y odio ideológico, algo más de uno diario. De esta cifra global, un 28,95 %, se han registrado en redes sociales y el 71,05 %, en puntos geográficos de Cataluña. De los de 380 casos, 349 han sido incidentes violentos perpetrados por personas o grupos independentistas.
Estos son algunos de los datos recogidos por el Observatorio Cívico de la Violencia Política en Cataluña sobre el año 2020. Esta entidad está integrada por Impulso Ciudadano y el Movimiento contra la Intolerancia. Particulares y entidades contrarias a la independencia han sido las víctimas mayoritarias de la violencia política (un 73,95%).
En este tipo de violencia a menudo se produce un silencio cómplice de buena parte del secesionismo que significa «yo no lo haría, porque no soy violento, pero los que han recibido el ataque se lo merecen por no ser de los nuestros».
Este manto de silencio por parte de amplios sectores de un secesionismo que, no olvidemos, gobiernan las principales instituciones de Cataluña, es el que da alas a los más violentos para campar a sus anchas. Hasta que sean los dirigentes secesionistas los que pongan fin a este tipo de comportamiento veremos como los violentos siguen señalando domicilios, atacando sedes de partidos de la oposición, insultando y acosando en la vía pública a periodistas y a políticos no secesionistas y haciendo la vida imposible a los que no piensan como ellos.
Urge ya que el Estado de Derecho se plante y defienda a todos sus ciudadanos. Si la policía autonómica catalana no se ve capaz de parar a los más radicales, debido a sus cuitas internas o la voluntad de sus mandos políticos, han de ser las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado los que garanticen que Cataluña no se convierta en un territorio en el que rija la ley del más fuerte.
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