La deriva exclusivista del nacionalismo en las instituciones locales catalanas ha encontrado un nuevo obstáculo contencioso. Convivencia Cívica Catalana ha requerido formalmente al Ayuntamiento de Olot, gobernado por Agustí Arbós (Junts), para que ponga fin a la marginación del castellano en sus dependencias. La entidad insta al municipio a adaptar de forma progresiva toda la rotulación de los edificios públicos.
El desencadenante de este movimiento ha sido la tramitación del nuevo Reglamento lingüístico municipal. Un texto normativo redactado por la administración local con la clara intención de blindar el monopolio del catalán. El proyecto consolida un modelo que arrincona la lengua oficial del Estado en el ámbito público.
Frente a esta maniobra burocrática, la asociación ha presentado alegaciones formales exigiendo el cese inmediato de la exclusión. La petición abarca desde oficinas administrativas hasta recintos culturales, deportivos y de atención al público. El objetivo es garantizarle al ciudadano la presencia de ambas lenguas de manera natural.
La fundamentación jurídica de este requerimiento se apoya de forma sólida en la doctrina reciente de la Justicia. El Tribunal Supremo dictaminó de forma tajante que la señalización en edificios públicos constituye un acto de comunicación institucional. Por ello, restringir la información a un solo idioma viola frontalmente el principio de cooficialidad.
Resulta llamativo cómo las administraciones dominadas por la izquierda y el independentismo confunden la protección de la lengua propia con el borrado del castellano. La justicia ha dejado claro que decretar el uso exclusivo del catalán no es una opción neutral. Implica imponer una clara desventaja material a una parte sustancial de la ciudadanía.
El borrador del Reglamento municipal de Olot pretendía exigir al vecino una solicitud formal expresa para ser atendido o recibir escritos en español. Un procedimiento engorroso diseñado para desincentivar el uso de la lengua común mediante trabas burocráticas. Esta práctica consagra una discriminación injustificada de los administrados.
Además, la normativa pretende imponer directrices lingüísticas a contratistas privados, entidades subvencionadas e incluso medios de comunicación. Una injerencia desmedida que excede las competencias de la gestión pública local. Se trata de un intento descarado de control social a través de los presupuestos de todos.
Desde Convivencia Cívica Catalana recuerdan que la cooficialidad no restringe el uso normal y respetuoso del catalán. Nadie exige retirar ni un solo rótulo ni relegar la lengua propia de la comunidad. Simplemente se pide el cumplimiento del ordenamiento constitucional en beneficio del respeto mutuo respetando a los castellanoparlantes.
El presidente de la entidad, Ángel Escolano, ha censurado que se trate al castellano como una lengua extraña en su propio país. La petición busca que el consistorio elabore una norma adaptada a la realidad bilingüe de la sociedad catalana. Una administración eficiente debe servir a todos sin distinción ideológica o lingüística.
Si el Ayuntamiento de Olot desatiende este requerimiento formal, la disputa terminará en los tribunales contencioso-administrativos. La rectificación del consistorio determinará si prevalece el dogmatismo ideológico o el estricto cumplimiento de la ley. Los derechos lingüísticos de los vecinos no pueden quedar subordinados a la agenda política local.
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