El Consistorio de Gerona se enfrenta a una ofensiva judicial masiva para exigir que abandone el monolingüismo institucional en catalán. La entidad Convivencia Cívica Catalana ha presentado un requerimiento formal para que la señalización municipal incorpore el castellano en todos sus edificios. Si la administración no responde de forma idónea, la cuestión terminará de inmediato en los tribunales por vulneración de derechos fundamentales. La iniciativa persigue restablecer la legalidad constitucional en el ámbito local. La entidad fundamenta su petición en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo. El Alto Tribunal ha establecido con claridad que la rotulación exclusiva en catalán equivale a prohibir e invisibilizar la lengua común de los españoles.
Este paso constituye el tercer frente judicial abierto de Convivencia contra el actual modelo político del municipio, con alcalde de la CUP y con ERC en el equipo de gobierno municipal. La cruzada legal ya impugna las sanciones a contratas que no usan el catalán y las barreras lingüísticas en el empleo público. Ahora se busca atajar de raíz el intento sistemático de borrar el español de la esfera institucional.
La ofensiva de Convivencia abarca desde la sede consistorial hasta las comisarías, instalaciones deportivas y centros cívicos. Ningún equipamiento público escapa a esta dinámica excluyente impulsada por los gestores locales. La entidad exige la restitución inmediata de la cooficialidad en la totalidad de la red administrativa.
El uso de las cláusulas lingüísticas en los pliegos de contratación municipal evidencia una obsesión intervencionista alarmante. Sancionar a las empresas contratistas si no emplean la lengua regional roza el despropósito administrativo. Es inadmisible que la calidad de un servicio público se mida por el idioma utilizado en gestiones internas.
La imposición lingüística también condiciona de forma injustificada el acceso a la función pública local. Exigir un nivel C1 de catalán a profesionales técnicos como los delineantes resulta una trampa burocrática desproporcionada. Esta práctica vulnera principios básicos de mérito y capacidad, actuando como un filtro ideológico. La doctrina del Tribunal Supremo ha desmontado los habituales subterfugios y sofismas del nacionalismo. La Justicia ha dejado claro que expulsar el castellano de la señalética violenta de forma flagrante la Constitución. La Administración pública no puede obviar el deber de dirigirse en ambas lenguas a sus ciudadanos.
Garantizar el bilingüismo en las paredes de los edificios públicos no resta protagonismo a la lengua catalana. La verdadera normalización consiste en respetar la convivencia plural de la sociedad catalana. El Ayuntamiento no debe actuar como el cortijo ideológico de un sector político concreto. El Consistorio tiene ahora un plazo legal acotado para emitir una respuesta a este requerimiento formal. Las maniobras de distracción o el silencio administrativo abocarán al municipio a un nuevo contencioso. La pasividad ante las resoluciones judiciales no debe ser la norma en un Estado de Derecho. Gerona se encuentra ante la oportunidad de asumir por fin su realidad lingüística real sin sesgos ideológicos. El respeto a la legalidad y a los derechos de todos los vecinos debe imponerse al sectarismo institucional. Veremos si las autoridades locales eligen acatar la Ley o asumir las consecuencias en los tribunales.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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