La espiral de inseguridad que golpea a los municipios catalanes vuelve a dejar un episodio alarmante en Manresa, cuyo alcalde es Marc Aloy (ERC). Este viernes, 4 de septiembre, las alarmas policiales saltaron de nuevo tras el ataque violento sufrido por un vecino al anochecer. El incidente ocurre apenas tres días después del trágico homicidio que conmocionó a la localidad.
Un grupo de jóvenes abordó a la víctima en plena calle con la clara intención de robarle. Los asaltantes actuaron con agresividad para acorralar al transeúnte. El suceso demuestra la creciente audacia de los grupos delictivos en el espacio público. El robo terminó en grado de tentativa porque el agredido no llevaba encima ningún objeto de valor. Sin embargo, la ausencia de botín no evitó que el grupo empleara una violencia desproporcionada. El hombre sufrió una dura paliza que le provocó diversos moratones y contusiones en el rostro, hecho adelantado por Regió 7 y confirmado por El Caso.
Fue la propia víctima quien logró pedir auxilio al interceptar a una patrulla de los Mossos d’Esquadra que circulaba por la zona. Este nuevo ataque ha sumido a los vecinos de Manresa en un clima de profunda consternación. La población aún no se ha recuperado del dolor causado por la muerte de Carles Vilajosana, de 45 años. El ciudadano perdió la vida la madrugada del pasado martes, 1 de septiembre, tras recibir una puñalada en el pecho.
El encadenamiento de estos violentos episodios refleja el paulatino deterioro de la convivencia urbana. La ciudadanía observa con impotencia cómo las calles se convierten en escenarios habituales de atracos y agresiones. La sensación de desamparo aumenta cuando la respuesta institucional no resulta disuasoria.
La gestión de la seguridad por parte de las administraciones de extrema izquierda vuelve a quedar en el centro de las críticas. Las políticas laxas y los discursos buenistas no logran frenar la delincuencia ni la proliferación de grupos que actúan con evidente sensación de impunidad. La prevención del delito requiere firmeza y no excusas sociológicas.
También llama la atención el constante celo institucional por omitir datos sobre el perfil o la nacionalidad de los agresores. Esconder la realidad de los hechos no reduce la criminalidad, sino que alimenta la desconfianza de los vecinos hacia la información oficial. La transparencia es un requisito básico para abordar cualquier problema social.
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