La seguridad en los centros penitenciarios catalanes vuelve a tambalearse tras un nuevo episodio de violencia. En la mañana de este domingo, el Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, conocido como Wad-Ras, se convirtió en el escenario de una grave agresión a una trabajadora. El altercado se produjo sobre las 8:45 horas en la unidad polivalente del recinto. Una interna, en elevado estado de alteración, arremetió con fuerza contra una funcionaria. La empleada pública recibió una fuerte patada que le ocasionó lesiones directas en la rodilla y en el brazo.
El estallido violento no fue un hecho repentino. Desde primera hora de la jornada, la reclusa mostraba una actitud extremadamente agresiva. Profirió insultos, lanzó amenazas constantes y provocó destrozos en las puertas y en el mobiliario del centro. Los intentos del personal por reconducir la situación mediante el diálogo resultaron inútiles. Al ordenar el regreso de la reclusa a su celda, la violencia verbal se convirtió en ataque físico. La activación inmediata del ‘código 1’ permitió la intervención de varios agentes para controlar la agresión.
La gravedad del impacto obligó a atender a la víctima en los servicios médicos del propio centro. Posteriormente, la funcionaria tuvo que acudir a la mutua para evaluar las secuelas físicas del ataque. El suceso refleja la desprotección cotidiana que afrontan los empleados penitenciarios. El sindicato SICAP-FEPOL ha denunciado que esta agresión no es un caso aislado. La organización insiste en que se trata de un accidente laboral violento. Asimismo, alerta sobre las graves deficiencias de seguridad que padece la red penitenciaria catalana.
La gestión del Departamento de Justicia, encabezado por el conseller Ramon Espadaler, queda de nuevo en entredicho. Las políticas del Ejecutivo del PSC tienden a minimizar una realidad marcada por la tensión constante. La falta de firmeza institucional deja en una situación de vulnerabilidad a los trabajadores públicos.
Los representantes sindicales reclaman una condena pública e inmediata por parte de las autoridades. Exigen que los hechos se pongan sin demora en conocimiento de la justicia ordinaria y que la Administración actúe de parte. La inacción oficial ya no resulta admisible para la plantilla. Es imprescindible revisar los protocolos de contención ante internas con antecedentes violentos. También se hace urgente reforzar unas plantillas mermadas por la falta de inversión preventiva. La elevada profesionalidad de los agentes no puede seguir supliendo la escasez de recursos humanos y materiales.
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