El Gobierno celebra las victorias antes de tiempo. El Consejo de Política Fiscal y Financiera dio luz verde al nuevo sistema de financiación, pero el tramo decisivo apenas acaba de empezar. La aritmética del Congreso no perdona y el Ejecutivo central se encamina hacia un nuevo chantaje parlamentario.
La consellera de Economía de la Generalitat, Alícia Romero, lo ha dicho sin tapujos este sábado. La dirigente socialista ha admitido que Pedro Sánchez tendrá que mover ficha y ofrecer incentivos a Junts si pretende lograr su apoyo. La transparencia del PSC confirma lo que Moncloa intentaba disimular.
La estrategia de los socialistas sigue la misma pauta de toda la legislatura. Frente al rechazo mayoritario de las comunidades autónomas del régimen común, el Gobierno prefiere buscar el respaldo de quienes cuestionan la solidaridad territorial. La gobernabilidad se ha convertido en un intercambio constante de favores políticos.
El acuerdo alcanzado el viernes solo contó con el aval de Catalunya y Canarias. El resto de las autonomías votó en contra de un esquema que consideran hecho a la medida del independentismo. La fractura territorial no es un detalle menor, sino la prueba del descontento generalizado.
Para Carles Puigdemont, las cesiones parciales ya no son suficientes. Junts exige la gestión completa de los impuestos y un concierto económico idéntico al vasco. Su objetivo final no es mejorar el modelo común, sino abandonar definitivamente el sistema general. Las advertencias de la formación separatista han sido tajantes en las últimas horas. El diputado Josep Maria Cruset ha calificado el proyecto de insuficiente y alejado de sus pretensiones. La presentación de una enmienda a la totalidad es ya una amenaza firme sobre la mesa.
Ante esta situación, la gran incógnita es hasta dónde está dispuesto a ceder el presidente del Gobierno. Cada paso hacia las pretensiones de Junts implica debilitar la caja común del Estado. El margen de maniobra de Moncloa se estrecha día a día. La igualdad entre españoles vuelve a quedar comprometida en el altar de la subsistencia política. Reformar la financiación autonómica requiere un consenso amplio que abarque a la mayoría de los ciudadanos, no parches diseñados para complacer a socios chantajistas.
Resulta revelador el papel que juega el Govern del PSC en este escenario. Por un lado presiona para validar el texto en Madrid y por otro apremia a Sánchez a abrir la billetera institucional para contentar a sus rivales separatistas. Un juego a dos bandas que desdibuja el interés general. El debate presupuestario y fiscal entra así en una fase de incertidumbre máxima. El Gobierno confía en que otra cesión agónica resuelva la votación en las Cortes. La estabilidad de España sigue dependiendo del precio que fije el independentismo.
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