El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido elevar la presión en Bruselas para cumplir sus compromisos políticos. Moncloa amenaza ahora con frenar la entrada de nuevas lenguas oficiales ligadas a la ampliación de la Unión Europea. La condición impuesta exige aprobar antes la oficialidad del catalán, el euskera y el gallego.
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han sido categóricas al fijar la nueva postura diplomática. España no aceptará el reconocimiento de otros idiomas comunitarios para futuros socios sin la aprobación previa de sus lenguas cooficiales. La maniobra evidencia cómo las exigencias del independentismo marcan la agenda internacional de nuestro país.
Esta exigencia no responde a un plan estratégico nacional, sino a un pacto estrictamente partidista. En agosto de 2023, los socialistas prometieron la oficialidad europea del catalán a cambio del respaldo de Junts. Desde entonces, el Ejecutivo utiliza todos los mecanismos del Estado para saldar esa factura de investidura.
El ministro José Manuel Albares insiste en que la medida terminará saliendo adelante pese a los reiterados portazos. Con ese objetivo, Exteriores ha solicitado incluir la vinculación entre ampliación e idiomas en el próximo Consejo de Asuntos Generales. La cita diplomática está prevista para el próximo 22 de septiembre.
El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ya había dejado entrever este movimiento condicionado. La entrada de nuevos socios a la Unión implicará inevitablemente ampliar las veinticuatro lenguas oficiales actuales. El Gobierno socialista pretende aprovechar esa coyuntura para imponer su propia agenda lingüística.
Sin embargo, la insistencia de Moncloa choca frontalmente con la realidad institucional de la Unión Europea. La reforma del régimen lingüístico exige la unanimidad de los Veintisiete estados miembros. Un consenso que, hoy por hoy, se encuentra extremadamente lejano en la capital comunitaria.
Las reticencias de los socios europeos no han dejado de crecer en los últimos años. En julio de 2025, una decena de países bloqueó la iniciativa española al expresar serias dudas jurídicas. La delegación alemana lideró las objeciones ante el riesgo de alterar el funcionamiento de las instituciones.
La mayor preocupación de los Gobiernos comunitarios radica en el precedente que sentaría esta concesión. La oficialización de lenguas regionales españolas abriría la puerta a reclamos similares en otros países miembros. Europa teme un colapso burocrático y técnico en sus órganos de decisión.
Para intentar desbloquear la situación, el Ejecutivo español ha ofrecido asumir íntegramente la factura del despliegue. La Comisión Europea calcula que el coste ascenderá a unos 132 millones de euros anuales, tomando como referencia el caso del gaélico. Un coste que saldrá de los fondos públicos solo para satisfacer a Puigdemont.
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