La impunidad parlamentaria diseñada para los líderes del separatismo catalán ha vuelto a chocar con la prudencia de los tribunales. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se niega a acelerar la borrón y cuenta nueva impulsada por el Ejecutivo central para beneficiar a la cúpula de Esquerra Republicana.
Los dirigentes independentistas Josep Maria Jové y Lluís Salvadó deberán esperar antes de ver limpiados sus expedientes judiciales. Ambos fueron hombres de máxima confianza de Oriol Junqueras en la Consejería de Economía y desempeñaron un papel clave en la logística presupuestaria del referéndum ilegal del 1 de octubre.
Sobre los dos altos cargos de ERC pesa una acusación formal por malversación de fondos públicos. A pesar de los constantes intentos de su defensa por archivar la causa de manera inmediata, la Sala Civil y Penal del tribunal catalán ha decidido marcar los tiempos con estricto rigor jurídico.
La estrategia de los separatistas buscaba apoyarse en la reciente resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 16 de julio. Desde el bloque gubernamental y sus socios se vendió aquella sentencia como la alfombra roja definitiva para la amnistía generalizada de todos los encausados.
El tribunal comunitario determinó en su fallo que la malversación de dinero autonómico o estatal no afectaba de forma directa a las finanzas de la Unión Europea. Esta interpretación ofreció un balón de oxígeno al relato de la izquierda para justificar las cesiones parlamentarias a costa del orden legal.
Sin embargo, la resolución europea no supone una patente de corso automática. El TSJC ha desestimado la petición de Jové y Salvadó para retirar las cuestiones prejudiciales elevadas a Luxemburgo el 30 de julio de 2024, rechazando que el caso haya quedado completamente resuelto.
Los magistrados catalanes sostienen con criterio que la postura de Luxemburgo respondía a consultas concretas planteadas por la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas. Dichas instancias analizaban delitos de terrorismo y responsabilidad contable, ámbitos bien distintos del procesamiento por malversación en esta causa específica.
La decisión del tribunal pone de manifiesto la endeblez de una ley redactada a la medida de los exigencias del separatismo. El empeño por acelerar el perdón judicial choca frontalmente con la independencia de los jueces y con las dudas de encaje legal que sigue generando el texto redactado en el Congreso.
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