El afán recaudatorio de la izquierda catalana vuelve a golpear el bolsillo de los contribuyentes. El Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ente controlado por el PSC y sus socios de extrema izquierda, ha vuelto a apretar la clavija fiscal a miles de familias, tal y cómo recoge una información publicada por ‘El Periódico’.
La última reforma del Tributo Metropolitano ha metido en el saco de cobro a 240.000 nuevos hogares. Con esta ampliación, este singular recargo aplicado sobre el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) castiga ya a cerca de dos millones de viviendas. Los gestores del AMB intentaron suavizar el impacto prometiendo que las subidas en los recibos no rebasarían el 10%. La realidad que llega a las cartas de pago ha destapado una maniobra recaudatoria infinitamente más agresiva.
Los colectivos vecinales han desmontado el relato oficial de forma tajante. Armand Capdevila, portavoz de la Plataforma No Tribut AMB Unificada, denunció en ‘El Periódico’ que la comparativa entre los recibos de 2025 y 2026 arroja incrementos abusivos de hasta el 650%. El castigo fiscal se ensaña de forma particular con las viviendas residenciales de clase media. Llama la atención que la nueva regulación resulte más benevolente con los locales comerciales que con los propios hogares.
Las protestas se extienden por municipios como Sant Boi de Llobregat, Pallejà o Sant Vicenç dels Horts. Hay vecinos que ven cómo su cuota salta de 16 a 29 euros, mientras otros sufren subidas verticales que van de los 43 a los 112 euros. La indignación ciudadana va en aumento ante una administración que ignora la capacidad económica de las familias. El punto de inflexión del conflicto se remonta a 2019, tras una controvertida sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquel fallo judicial obligó a pagar a los municipios de la segunda corona metropolitana, como Cerdanyola, Barberà o Molins de Rei.
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