La Confederación Nacional de Pymes CONPYMES, organización nacional que da voz a pymes y autónomos de España, ha mostrado su discrepancia ante la aprobación por parte del Gobierno, en el Consejo de Ministros, de una subida del 5,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) para 2027 sin acuerdo con los agentes sociales y, por tanto, con falta de consenso.
Asimismo, CONPYMES reafirma su posicionamiento favorable a las subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) como herramienta para avanzar en la cohesión social y el fortalecimiento de la economía, siempre y cuando estas medidas se adopten mediante un consenso equilibrado con quienes asumen los costes y bajo un análisis riguroso de sus consecuencias estructurales.
Ante el nuevo proyecto normativo que prevé incrementar el salario más bajo un 5,3% de cara a 2027 —hasta alcanzar los 1.286 euros mensuales—, la patronal advierte que el diálogo social debe ser el eje vertebrador de la política laboral, ya que legislar incrementos retributivos sin una evaluación técnica previa del impacto sectorial sitúa en una posición de extrema vulnerabilidad a miles de pymes y autónomos, especialmente a aquellos cuyos ingresos dependen de contratos de larga duración formalizados con las diferentes Administraciones Públicas.

CONPYMES incide en que la aplicación de incrementos en el SMI sin un estudio de impacto previo penaliza de forma desproporcionada a los sectores intensivos en mano de obra, como la limpieza profesional, el mantenimiento, la restauración colectiva o la ayuda a domicilio. En estas actividades, donde los costes laborales representan la mayor parte de la estructura de gastos y las plantillas perciben remuneraciones próximas al salario mínimo, cualquier variación legal altera de forma inmediata el equilibrio financiero empresarial.
Al operar en mercados de alta competencia y con márgenes de beneficio extremadamente estrechos, estas empresas carecen de capacidad de absorción interna para amortizar incrementos de costes no previstos. Sin una memoria económica previa que evalúe estas especificidades sectoriales y diseñe los periodos de adaptación necesarios, se aboca a miles de pequeñas empresas y autónomos a pérdidas estructurales o, en el peor de los casos, al cese de su actividad, comprometiendo el empleo de más de 1,5 millones de trabajadores.
Para CONPYMES, esta desprotección es igualmente crítica en el sector primario, donde agricultores y ganaderos operan históricamente con márgenes al límite o incluso a pérdidas debido a la presión de la cadena de valor. Para el campo, asumir incrementos en la estructura de costes laborales sin mecanismos de equilibrio arruina definitivamente la viabilidad de las explotaciones familiares.
El principal foco de preocupación para CONPYMES radica en la rigidez que impone la actual Ley de Desindexación de la Economía Española de 2015. Al impedir la actualización automática de los precios de los contratos públicos vigentes (que suelen adjudicarse por periodos de entre 3 y 5 años), las empresas contratistas se ven obligadas a asumir los aumentos del SMI con cargo exclusivo a sus márgenes operativos.
Según estimaciones del sector de servicios esenciales, las sucesivas revalorizaciones del SMI han generado un sobrecoste acumulado de 6.000 millones de euros para las empresas prestadoras. La nueva subida proyectada para 2027 supondrá un impacto adicional de 938 millones de euros. Esta situación compromete severamente la viabilidad financiera del tejido productivo si el Estado no adecúa de manera paralela las tarifas de los servicios que contrata.
Desde una perspectiva constructiva y de corresponsabilidad institucional, CONPYMES defiende que gobernar y ampliar derechos laborales implica, necesariamente, articular los mecanismos económicos que permitan sostenerlos en el tiempo. Por ello, la confederación traslada una serie de propuestas concretas a las fuerzas políticas y ministerios implicados:
Reforma urgente de la Ley de Contratación Pública: Modificar el marco legal actual para incorporar cláusulas obligatorias de revisión de precios que se activen de forma automática ante variaciones normativas o salariales de obligado cumplimiento.
Mecanismos de indexación justos: Permitir que los contratos públicos de servicios esenciales reflejen fielmente la evolución real de los costes laborales derivados de la negociación colectiva y de las decisiones del Ejecutivo.
Mesas de análisis riguroso y sectorial: Institucionalizar espacios de trabajo técnicos y previos a las subidas del SMI, donde se evalúe con datos oficiales el impacto en las pymes contratistas y se diseñen medidas compensatorias o periodos de adaptación.
José María Torres, presidente de CONPYMES, recuerda que “la rigidez en los precios de los contratos públicos no genera un ahorro real para el Estado a largo plazo, ya que las nuevas licitaciones terminan ajustándose de forma abrupta a los costes de mercado. Sin embargo, en el corto plazo sí penaliza la calidad de los servicios y dificulta de forma severa la negociación de los convenios colectivos, limitando la capacidad de las empresas para pactar mejoras salariales en el resto de categorías profesionales debido al estrechamiento de los márgenes”.
La organización patronal hace un llamamiento formal al Gobierno y a los grupos parlamentarios para abordar una reforma global y consensuada de la contratación pública. CONPYMES reitera su mano tendida para trabajar en un modelo económico que compatibilice el progreso social y laboral de los trabajadores con la estabilidad, la viabilidad y la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, que constituyen el verdadero motor del empleo en nuestro país.
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