El Ministerio de Trabajo ha consumado lo que ya era un secreto a voces: una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) diseñada a medida de las centrales sindicales. Joaquín Pérez Rey, secretario de Estado de Trabajo, confirmó el acuerdo con CCOO y UGT para elevar la cifra hasta los 1.221 euros mensuales. Esta decisión se toma dejando fuera de la ecuación a CEOE y Cepyme, ignorando una vez más el papel de los generadores de empleo.
La medida, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026, supone un incremento de 37 euros al mes respecto al año anterior. Aunque el Gobierno intenta venderlo como un éxito del diálogo social, la realidad es que se trata de un pacto bipartito que rompe la unidad de acción. La ausencia de la patronal evidencia la falta de equilibrio en una mesa de negociación donde el Ministerio parece actuar más como parte interesada que como árbitro.
Yolanda Díaz ha mantenido inamovible su propuesta desde principios de enero, demostrando escasa voluntad de acercamiento a las empresas. Mientras la CEOE planteaba un incremento del 1,5% para garantizar la viabilidad de los sectores más frágiles, el Ejecutivo ha preferido la vía del decretazo encubierto. Esta política de hechos consumados castiga especialmente a las pequeñas empresas que operan con márgenes de beneficio ya muy mermados por la inflación.
El nuevo SMI de 1.221 euros en 14 pagas impactará directamente en unos 2,5 millones de trabajadores en toda España. Si bien es cierto que se ha evitado la subida del 7,5% que reclamaban inicialmente los sindicatos, el coste anual para el empleador sigue escalando de forma preocupante. En términos anuales, el incremento supone 518 euros adicionales por trabajador, un gasto que muchas pymes tendrán dificultades para absorber sin ajustar sus plantillas.
Resulta llamativo el tono triunfalista del Ministerio ante un acuerdo que nace cojo por la falta de apoyo empresarial. El «sanchismo» económico sigue empeñado en legislar a golpe de titular, sin atender a las advertencias sobre la productividad o la competitividad. Para Trabajo, parece que la única cifra válida es aquella que contenta a sus socios habituales de la izquierda sindical, aunque ello suponga tensionar el mercado laboral.
Los sindicatos CCOO y UGT han aceptado finalmente este 3,1% tras haber presionado con cifras que rozaban los 1.273 euros mensuales. Aunque se presentan como moderados por ceder en sus pretensiones máximas, lo cierto es que han logrado imponer una subida por encima de lo que la realidad productiva aconseja. Es la dinámica habitual de una izquierda que prefiere el populismo salarial al fortalecimiento real de la economía.
La exclusión de la patronal de este acuerdo no es una anécdota, sino un síntoma de la degradación del diálogo social en España. El Ministerio ha convertido las mesas de negociación en un trámite donde la opinión de los empresarios cuenta poco o nada. Se impone la ideología sobre la gestión, ignorando que subir salarios por decreto sin mejorar la productividad es una receta con riesgos evidentes a largo plazo.
El Gobierno intenta paliar el impacto anunciando que esta subida no tributará en el IRPF, una medida cosmética para evitar que Hacienda se coma el incremento. Sin embargo, no se ofrecen soluciones para los sectores intensivos en mano de obra que ven cómo sus costes fijos no dejan de crecer año tras año. La asfixia normativa y económica sigue siendo la tónica general para el autónomo y el pequeño empresario de este país.
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