El Ayuntamiento de Barcelona, bajo la batuta del socialista Jaume Collboni, ha recibido una severa corrección judicial que pone al descubierto su deriva excluyente. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha declarado improcedente el despido de un cocinero municipal que fue cesado por no acreditar el nivel B2 de catalán. Esta sentencia supone un varapalo a una administración que antepone el dogmatismo lingüístico a la eficiencia profesional.
El afectado era un empleado con más de quince años de antigüedad y una trayectoria consolidada en los fogones del consistorio. A pesar de su experiencia, el gobierno de Collboni no tuvo escrúpulos al expulsarlo utilizando el nivel de catalán como una excusa administrativa en un proceso de estabilización. Es lamentable que un cocinero sea sacrificado en el altar de la imposición lingüística cuando su labor no requiere atención al público.
Gracias a la labor incansable de Convivencia Cívica Catalana (CCC), se ha podido frenar este despropósito legal. La entidad, presidida por Ángel Escolano, ha demostrado ser el dique de contención necesario contra los excesos de la administración socialista. Su victoria en los tribunales no solo beneficia a un trabajador, sino que protege la libertad de miles de empleados públicos en Cataluña.
El tribunal ha dejado claro que suspender una prueba de catalán no es una «licencia para despedir». La resolución remarca que los procesos de estabilización no pueden convertirse en mecanismos de expulsión automática del personal. La justicia ha detectado que el consistorio utilizó el requisito del catalán como una causa encubierta para deshacerse de empleados veteranos.
Esta práctica del Ayuntamiento de Barcelona es especialmente sangrante si se considera que la plaza ni siquiera fue cubierta por otro aspirante. Collboni ha preferido dejar un puesto de trabajo vacío y enfrentar una indemnización de casi 59.000 euros antes que mantener a un profesional competente. Esta gestión del PSC demuestra un desprecio absoluto por el dinero del contribuyente y por los derechos laborales básicos.
Convivencia Cívica Catalana ha denunciado con acierto que el requisito lingüístico se está utilizando como una herramienta de «depuración laboral». Es una estrategia perversa que castiga a quienes llevan décadas sirviendo a la ciudad con profesionalidad. Mientras Collboni presume de pluralidad, su gestión impone barreras ideológicas que fracturan la igualdad de derechos entre ciudadanos.
La sentencia establece que el Ayuntamiento debe optar ahora entre readmitir al cocinero o abonar la indemnización correspondiente. Este coste económico es la factura directa del sectarismo de un gobierno municipal que ha perdido el norte. La justicia ha tenido que recordarle al PSC que la lengua nunca puede ser un instrumento para la injusticia social o la exclusión.
Desde CCC se anima al resto de trabajadores que sufran situaciones similares a no agachar la cabeza y recurrir a los tribunales. Su gabinete jurídico se ha convertido en la última esperanza para muchos servidores públicos señalados por su lengua. La entidad reivindica una administración donde el mérito y la capacidad estén por encima de cualquier otro criterio político.
El alcalde Collboni, según CCC, debería tomar nota de este «serio aviso» judicial y detener de inmediato estas prácticas abusivas. No se puede permitir que las instituciones funcionen como mecanismos de castigo ideológico contra sus propios trabajadores. La libertad lingüística es un derecho fundamental que ningún político debería poder pisotear bajo el pretexto de la normalización.
En definitiva, la sentencia 301/2026 es un triunfo de la lógica y de la libertad frente a la imposición. Convivencia Cívica Catalana ha vuelto a poner en evidencia que, sin una vigilancia crítica, el PSC estaría dispuesto a liquidar la paz civil por rédito político. Barcelona merece una gestión que respete a todos sus ciudadanos, independientemente de cuál sea su lengua materna.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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