El Parlament de Catalunya ha vuelto a ser el escenario de una derrota parlamentaria para el secesionismo. Por sexta vez en esta legislatura, la cámara autonómica catalana ha rechazado la implantación de un concierto económico similar al vasco. Una mayoría transversal de 68 diputados, compuesta por PSC, PP y Vox, ha impedido que la propuesta de Junts prosperase una vez más.
La propuesta rechazada, impulsada por el partido de Carles Puigdemont, pretendía sacar a Cataluña del marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Junts insiste en una ley específica que otorgue a la Generalitat una «soberanía fiscal total». Esta estrategia busca, en última instancia, romper la caja común del Estado bajo el pretexto de una supuesta justicia distributiva.
Esquerra Republicana y la CUP sumaron sus votos a favor de la iniciativa de Junts, evidenciando que el bloque separatista sigue unido en sus aspiraciones económicas. Por su parte, los Comuns y Aliança Catalana optaron por la abstención. El resultado final demuestra que el nacionalismo no logra romper el techo de cristal parlamentario para imponer su modelo de exclusividad financiera.
El texto de la moción no se limitaba a una declaración de intenciones, sino que exigía la gestión e inspección única de los impuestos. El objetivo era que la Agencia Tributaria de Cataluña fuera la única entidad con poder sobre el bolsillo de los ciudadanos. Se planteaba también una cuota de solidaridad decidida unilateralmente por la propia Generalitat, una fórmula que el Estado difícilmente podría aceptar.
Resulta llamativo el papel del PSC en este juego de equilibrios parlamentarios. Los socialistas se ven obligados a votar con la derecha para frenar el concierto, mientras en Madrid pactan con ERC reformas que caminan en una dirección similar. Esta ambigüedad del socialismo catalán genera una desconfianza creciente entre quienes defienden la igualdad de todos los españoles ante la ley fiscal.
La moción pretendía que la cuota pagada al Estado se limitara exclusivamente a los servicios realmente prestados en suelo catalán. Este planteamiento ignora los costes de estructura nacional y los mecanismos de cohesión que mantienen unido el país. Para Junts, la solidaridad parece ser un concepto opcional y de cuantía variable según la conveniencia del gobierno autonómico de turno.
A pesar del rechazo al concierto, la cámara sí logró aprobar la reclamación para que se publiquen las balanzas fiscales. En este punto, el PSC decidió ponerse de perfil con una abstención que facilitó la mayoría de los partidos nacionalistas y los Comuns. La transparencia en los datos fiscales es positiva, pero suele ser utilizada por el independentismo como herramienta de agravio comparativo.
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