El resultado del Consejo de Política Fiscal y Financiera no representa un acuerdo de Estado, sino una claudicación en toda regla. La aprobación del nuevo modelo de financiación autonómica, respaldado únicamente por el Gobierno central, Cataluña y Canarias, supone un atropello a la equidad entre españoles. Pedro Sánchez ha preferido fracturar el mapa autonómico antes que poner límites a las exigencias de sus socios de investidura. Es la constatación definitiva de que las grandes decisiones económicas de España no se toman pensando en el bien común, sino bajo el dictado directo del independentismo catalán.
El rechazo frontal de las comunidades del Partido Popular y VOX y las duras críticas de barones socialistas atónitos ante el rumbo de su partido evidencian la gravedad del momento. Consagrar privilegios fiscales para una sola comunidad rompe el principio de igualdad de forma inédita en nuestra democracia. La solidaridad territorial, pilar básico de la Constitución de 1978, ha sido sacrificada de manera impúdica para asegurar la continuidad de la legislatura. La aritmética parlamentaria de la Moncloa se impone una vez más sobre la justicia distributiva y la vertebración del país.
Lo más alarmante es que este peaje no servirá para cerrar el conflicto, sino para alimentar nuevas exigencias. Desde las filas separatistas ya se advierte que este esquema es insuficiente y que el objetivo final sigue siendo el concierto económico y la llave de la caja. Las cesiones del Gabinete socialista jamás satisfacen al nacionalismo, que utiliza cada cesión como plataforma para la siguiente extorsión política. El Ejecutivo ha entregado los recursos de todos los ciudadanos a quienes reniegan abiertamente del proyecto común español.
La izquierda ha abandonado sus banderas históricas para abrazar un modelo abiertamente insolidario. Es profundamente paradójico que un Gobierno que se autoproclama progresista diseñe un reparto que prima a los territorios con mayor capacidad fiscal en detrimento del resto. Servicios fundamentales como la sanidad, la educación o la dependencia en la mayoría de las regiones se verán comprometidos por esta financiación a la carta. La justicia social ha dejado de ser un compromiso ético para convertirse en moneda de cambio partidista.
España se encamina hacia un modelo asimétrico negociado fuera de los cauces institucionales y sin el consenso imprescindible para una reforma de esta calado. La inminente batalla en el Congreso de los Diputados mostrará hasta dónde está dispuesto a ceder Pedro Sánchez para doblegar al Estado ante las pretensiones de Junts. El país no puede permitir que la caja común de los impuestos se subaste en función de las urgencias de un Gobierno acorralado. Este acuerdo representa una vergüenza democrática que debilita nuestras instituciones y quiebra la igualdad entre ciudadanos.
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