En pleno debate sobre la movilidad en Cataluña ante el colapso de la AP-7 y el desastre de Rodalies, el Parlament ha vuelto a mover ficha con la aprobación de una «propuesta catalana de viñeta» para circular por vías rápidas. La iniciativa, impulsada por los Comuns, persigue implantar una tarifa por uso en las autopistas para alejarse definitivamente del modelo tradicional de barreras físicas. Salvo el rechazo firme del PP y de Vox, junto a la abstención de Aliança Catalana, el bloque parlamentario de separatistas y aliados ha cerrado filas para avalar un pase temporal que penalizará el tráfico rodado con el argumento de gravar el transporte pesado de largo recorrido.
Este sistema obliga a los conductores a adquirir una pegatina o licencias digitales para circular de forma continuada durante periodos de tiempo concretos. La izquierda parlamentaria vuelve a recurrir a la vía impositiva indirecta bajo el relato de una movilidad sostenible que no penalice al usuario habitual, aunque en la práctica supone una nueva carga financiera para los ciudadanos. A pesar del fin de las concesiones históricas, la obsesión recaudatoria de las formaciones progresistas busca cualquier resquicio normativo para seguir exprimiendo el bolsillo del contribuyente en sus desplazamientos diarios.
El texto aprobado compromete a la Generalitat a destinar todos los recursos recaudados a las labores de mantenimiento y conservación de la red viaria. Sin embargo, este planteamiento resulta redundante, ya que las infraestructuras de alta capacidad deberían sostenerse con la abundante recaudación de impuestos generales que ya soporta la ciudadanía. La izquierda prefiere enmascarar su falta de gestión presupuestaria creando figuras tributarias específicas que penalizan la libertad de uso del transporte privado, gravando de nuevo un servicio básico ya financiado por todos.
Para armar esta estructura burocrática, la moción exige al Ejecutivo catalán la creación inmediata de un grupo de trabajo multidisciplinar. Este nuevo órgano integrará a representantes del Govern, del Estado, de los partidos políticos, de las patronales, de los transportistas y de diversas plataformas ecologistas. Con la excusa de la concertación social, se pone en marcha una pesada maquinaría institucional orientada a justificar técnicamente el regreso del pago por uso en las principales arterias de la comunidad.
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