El socialismo catalán ha asumido plenamente las tesis más excluyentes del nacionalismo. Durante años, la retórica del PSC ha intentado proyectar un perfil moderado y conciliador en materia lingüística. Sin embargo, sus actos en las instituciones desmienten esa supuesta neutralidad día a día. Las administraciones gobernadas por el PSC eliminan de forma sistemática el castellano de sus comunicaciones. Esta práctica afecta a la rotulación de edificios públicos, la señalización vial y la cartelería oficial. El uso del español en el ámbito institucional catalán ha sido reducido a la mínima expresión.
Entidades como Convivencia Cívica Catalana, que preside Ángel Escolano, documentan y denuncian de forma constante estas exclusiones. Sus informes demuestran que la marginación de la lengua común no es un fenómeno reciente. Responde a una dinámica arraigada en la trayectoria del socialismo en la región.
Esta postura no surge de los recientes pactos de gobernabilidad con la izquierda independentista. La cesión del PSC ante las exigencias del catalanismo identitario viene de lejos. La consecución del poder autonómico solo ha acelerado una estrategia trazada durante décadas. El sesgo ideológico en las políticas lingüísticas adquiere además un claro componente clasista. Sectores del nacionalismo han asociado históricamente el uso del español a estratos sociales con menores recursos. El PSC, lejos de corregir esta percepción, ha validado ese marco conceptual.
Los requisitos lingüísticos impuestos en el ámbito público reflejan esta escalada burocrática. El Consistorio de Barcelona, bajo la alcaldía de Jaume Collboni, ha prescindido de decenas de empleados por carecer de titulaciones oficiales en catalán. Medidas que han afectado a personal de limpieza, hostelería o bandas municipales. El modelo actual fomenta una vigilancia constante sobre el ámbito privado y comercial. Entidades subvencionadas con fondos públicos de administraciones socialistas impulsan campañas contra trabajadores que atienden en castellano. Esta presión mediática busca provocar el despido de empleados en el sector servicios.
El señalamiento a los trabajadores más vulnerables se extiende con frecuencia en las redes sociales. Las denuncias públicas hacia dependientes o camareros buscan amedrentar al pequeño comercio local. Todo ello ocurre mientras las instituciones públicas mantienen una pasividad absoluta. El uso de recursos públicos para financiar estas estructuras de control debilita la cohesión social. Las administraciones locales y autonómicas destinan abultadas subvenciones a organizaciones dedicadas al activismo lingüístico. El resultado es un clima de tensión que repercute directamente en la ciudadanía. La estrategia del PSC ha desprotegido a quienes utilizan el español en sus puestos de trabajo cotidianos.
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