Las calles de Cataluña han sufrido durante años un intenso acoso ideológico por parte del separatismo. Semáforos, fachadas, parques infantiles, pabellones, colegios, bibliotecas, mobiliario urbano y todo tipo de edificios públicos han sido cubiertos de forma sistemática con propaganda partidista. Frente a este abuso del espacio que pertenece a todos, la ciudadanía ha encontrado una respuesta valiente y ejemplar en colectivo.
Unión de Brigadas encarna lo mejor del activismo cívico y pacífico en la región. Sus voluntarios dedican su tiempo libre a retirar la cartelería, las esteladas y las pancartas que vulneran la neutralidad de la vía pública. Su labor no es partidista, sino un ejercicio indispensable de restitución de la convivencia republicana y la legalidad. En un encuentro que mantuve con ellos hace unos días me explicaron las dificultades que sufren, sobre todo por parte de alcaldes fanáticos y policías serviles dispuestos a retorcer las leyes para complacer a sus jefes separatistas. Hay que apoyarles (en su cuenta de twitter están las maneras de hacer una aportación económica).
Es intolerable que las instituciones públicas catalanas hayan mirado hacia otro lado durante tanto tiempo. El Gobierno de la Generalitat y múltiples ayuntamientos alineados con las fuerzas separatistas, con la complicidad omisiva de la izquierda en el Gobierno central, han permitido el secuestro del paisaje urbano. Han preferido amparar el sectarismo antes que defender el bien común.
Por ello, el trabajo de Unión de Brigadas adquiere un valor democrático incalculable. Con las herramientas en mano y una firme convicción democrática, estos ciudadanos hacen el trabajo que las administraciones públicas descuidan por mero cálculo político. Retirar un cartel ilegal no es provocar; es restaurar el orden constitucional y la libertad de todos.
Espacios como las plazas públicas o las fachadas de los ayuntamientos no pueden convertirse en el cortijo ideológico del separatismo. La neutralidad institucional no es una opción estética, sino una obligación legal respaldada reiteradamente por la justicia. Garantizar que un vecino camine por su ciudad sin soportar propaganda impuesta es defender la verdadera libertad de expresión.
Resulta lamentable observar el contraste entre la pasividad institucional del PSOE y el PSC y sus socios con la determinación de estos voluntarios. Mientras la izquierda oficialista contemporiza con el nacionalismo por puras exigencias de aritmética parlamentaria, la sociedad civil organizada se ve obligada a salir al rescate de la dignidad colectiva en las calles.
Unión de Brigadas demuestra que la dignidad cívica sigue muy viva en Cataluña. Su esfuerzo diario nos recuerda que la calle es de todos y que el respeto al espacio público es la base indiscutible de cualquier democracia sana. La labor de estos valientes merece el reconocimiento y el aplauso de todos los constitucionalistas.
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