La política lingüística en Cataluña atraviesa semanas convulsas. Los tribunales han asestado una serie de reveses directos al modelo de inmersión. Sin embargo, la respuesta del Gobierno autonómico no ha sido la neutralidad, sino blindar el monocultivo lingüístico mediante dinero público.
El primer golpe llegó desde el Tribunal Supremo al anular la exclusión del castellano en la rotulación de los colegios. Poco después, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló el uso del 25% de español en las aulas catalanas. Para cerrar la racha, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña reconoció este derecho a una alumna de Sant Cebrià de Vallalta.
Pese al mandato judicial, la Generalitat que lidera Salvador Illa insiste en mantener el rumbo. Lejos de moderar el discurso para buscar el consenso, el Ejecutivo socialista se alinea una vez más con las tesis del nacionalismo más duro. La nueva Conselleria de Política Lingüística actúa como ariete de esta agenda.
Los datos presupuestarios confirman esta prioridad estratégica. Las cuentas autonómicas han elevado un 26% la partida destinada a promover el catalán en detrimento del castellano en el espacio público. En total, 85 millones de euros orientados a paliar una supuesta «emergencia lingüística».
La última iniciativa, tal y cómo recogió Voz Pópuli hace unos días, consiste en una batería de subvenciones directas para los ayuntamientos. El objetivo declarado es forzar el «uso efectivo del catalán en el ámbito local». La convocatoria abre su plazo en agosto y permanecerá activa hasta finales de octubre.
El plan abarca parcelas clave de la vida cotidiana. La Generalitat pretende sufragar proyectos en la educación, el comercio, el ocio y la propia gestión municipal. Cualquier espacio es considerado apto para la intervención administrativa para arrinconar el español a favor del catalán. El reparto del dinero público está minuciosamente parametrizado. Los consistorios recibirán entre 1.000 y 2.000 euros por actividades de aprendizaje informal, además de otros 1.000 euros para talleres de «buenas prácticas». Las proyecciones de cine local en catalán dispondrán de ayudas de hasta 2.400 euros.
Las cuantías más elevadas se reservan para los sectores que más interesan al separatismo. Las actividades de ocio infantil y juvenil contarán con 4.000 euros, mientras que el comercio y la restauración podrán optar a 5.000 euros para campañas específicas. Todo un despliegue de dinero público para orientar los hábitos de consumo de los ciudadanos.
El concepto de gasto subvencionable resulta alarmantemente flexible. La partida cubrirá desde la contratación y planificación hasta la difusión y elaboración de materiales. En la práctica, esto supone financiar la maquinaria burocrática dedicada a la fiscalización del idioma y a arrinconar el español en Cataluña. Para facilitar el despliegue, la Conselleria ha publicado manuales de uso y guías de acción municipal. El mensaje del PSC al frente de la Generalitat es inequívoco: mientras los tribunales exigen bilingüismo y respeto a la ley, la administración responde aumentando la presión económica e ideológica sobre los municipios.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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