El Govern catalán del PSC se ha visto atrapado en su propia trampa burocrática al intentar justificar el primer año del Pacte Nacional per la Llengua. La respuesta del ejecutivo autonómico ante las críticas del radicalismo lingüístico evidencia una gestión centrada en la propaganda. La brecha de datos entre la administración y sus entidades afines resulta sangrante. Mientras la conselleria de Política Lingüística afirma haber ejecutado el 98% del acuerdo, los radicales de Plataforma per la Llengua rebajan drásticamente esa cifra a un escaso 39%.
Lejos de realizar cualquier ejercicio de autocrítica, el departamento dirigido por Francesc Xavier Vila promete aumentar el intervencionismo. El foco del ejecutivo se dirigirá en los próximos meses hacia el ámbito laboral y el comercio. La conselleria defiende que el plan representa un hito histórico para la política lingüística en Cataluña. Sin embargo, este supuesto éxito no se mide en términos de convivencia, sino en un gasto presupuestario sin precedentes.
El orgullo del Govern reside paradójicamente en la fiscalización al tejido productivo. La propia administración presume abiertamente de haber alcanzado un récord histórico en expedientes y sanciones a comercios por la normativa lingüística, y así lo recoge el diario Nació Digital.
Para gestionar esta maquinaria punitiva, la izquierda autonómica ha vuelto a recurrir a la hipertrofia burocrática. La reciente creación de la Oficina de Protecció dels Drets Lingüístics certifica esta apuesta por la vigilancia institucional. El reparto de fondos públicos tampoco se limita a las fronteras de la comunidad autónoma. El ejecutivo se vanagloria de haber ampliado las subvenciones a entidades afines en regiones vecinas, financiando estructuras del activismo identitario.
A pesar de este despliegue de dinero público, la entidad más radical a la hora de intentar erradicar el español como lengua de uso social yc comercial en Cataluña no disimula su descontento. Òscar Escuder, presidente de Plataforma per la Llengua, ha acusado a varios consejeros de la Generalitat de desentenderse por completo de estos compromisos. Este episodio evidencia el fracaso del modelo lingüístico de la izquierda catalana. El constante intento de complacer al activismo identitario genera un gasto desmedido que ni siquiera logra satisfacer a sus habituales receptores.
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