La Audiencia de Barcelona ha estimado el recurso presentado por la asociación Acció Cassandra para reabrir la causa sobre presuntas irregularidades en la gestión de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA). El tribunal ha decidido revocar la resolución emitida por el juzgado de primera instancia, que el pasado mes de abril había rechazado admitir a trámite la querella inicial de la entidad.
Los magistrados consideran que los hechos denunciados revisten caracteres de delito y que existen elementos indiciarios suficientes para poner en marcha una investigación judicial formal. La acusación popular se dirige contra cuatro exconsejeros del Departamento de Derechos Sociales, varios altos cargos de la administración catalana, organizaciones prestadoras de servicios y el partido Esquerra Republicana.
Entre las supuestas infracciones penales imputadas en la querella figuran los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad en documento público, encubrimiento, acoso laboral y financiación ilegal. Anteriormente, el juez instructor descartó investigar al considerar que las sospechas carecían de concreción individualizada sobre la participación directa de cada uno de los cargos querellados.
Frente a ese criterio, la Audiencia aclara en su resolución que el instructor debe evaluar la relevancia penal de los hechos por sí mismo, sin apoyarse de forma exclusiva en dictámenes administrativos externos. Para fundamentar la apertura de las diligencias, el alto tribunal autonómico otorga peso relevante a la denuncia anónima aportada por un trabajador de la propia consejería. Dicho testimonio incluye grabaciones donde los interlocutores admiten supuestamente la manipulación de expediente oficiales y la aceptación de irregularidades en el uso de los fondos públicos.
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