La gestión de los recursos públicos exige rigor, transparencia y un control escrupuloso. Sin embargo, la trayectoria de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) muestra una realidad muy distinta: un descalabro organizativo que ha terminado en manos de la Fiscalía Anticorrupción y del Tribunal de Cuentas.
Las alertas saltaron tras los demoledores datos de la Sindicatura de Cuentas, que calculó en 167 millones de euros los pagos indebidos en prestaciones de la Generalitat entre 2016 y 2022. De esa cifra global, unos cuatro millones de euros corresponden a ayudas destinadas a jóvenes extutelados.
Este presunto descontrol administrativo obligó al propio Govern a encargar una auditoría interna. Paralelamente, la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) abrió dos investigaciones clave tras la denuncia de un trabajador protegido como alertador, destapando las vergüenzas del sistema.
La primera línea de investigación se centró en la externalización de las ayudas a la emancipación en Girona, adjudicadas en 2022 a la UTE formada por Fontanilles y la Fundación Resilis. Aunque Antifrau descarta indicios de delito penal en este expediente, sí ha instado a la Fiscalía a examinar graves incumplimientos contractuales.
Falta de supervisión y retrasos en la tramitación provocaron que varios jóvenes cobraran de golpe entre 6.800 y 36.400 euros de dinero público de forma indebida. Algunos percibían estos recursos teniendo trabajo y otros residiendo en el extranjero, evidencia de un sistema que repartía cheques sin verificación alguna.
La segunda investigación mantiene en vilo a los gestores de la DGAIA por la presunta existencia de «pisos fantasma». Se investiga si la entidad cobraba fondos de la Generalitat por plazas de menores no acompañados que, en la práctica, permanecían desocupadas. Los informes de la Sindicatura de Greuges confirman la paradoja del modelo: un 7% de plazas quedaban vacías mientras se denegaba la vivienda a 750 jóvenes entre 2021 y 2023. Además, solo un escaso 20,6% de los extutelados lograba acceder de forma real al servicio residencial.
Este escándalo salpica de lleno a Esquerra Republicana (ERC), formación que dirigió las políticas sociales y de infancia durante los años acotados por las auditorías. La sombra de la duda planea sobre las relaciones entre antiguos cargos del partido y las entidades adjudicatarias de contratos de emergencia. El Tribunal de Cuentas también ha iniciado un análisis preliminar, pedido por la Fiscalía del mismo tribunal, para averiguar si hay una responsabilidad contable en la gestión del dinero público e imputable a algún dirigente del gobierno autonómico catalán.
Pese a la gravedad de los hechos, el Parlament cerró la semana pasada su comisión de investigación sin atribuir responsabilidad alguna a los exconsellers responsables. El argumentario oficial optó por escudarse en el colapso provocado por la llegada masiva de menores.
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