La gestión de la seguridad nacional ha vuelto a quedar en evidencia. El Centro Nacional de Inteligencia dio la voz de alarma en repetidas ocasiones, según ha informado la cadena SER. El Ministerio del Interior tenía sobre la mesa advertencias claras sobre una inminente presión migratoria desde Marruecos. Pese a ello, la inacción gubernamental terminó desencadenando una tragedia sin precedentes en la frontera de Ceuta.
El desencadenante jurídico de esta crisis se sitúa en la reciente resolución del Tribunal Supremo. El fallo determinó la imposibilidad de aplicar devoluciones en caliente a quienes acceden a nado. Esta decisión creó un peligroso vacío administrativo. Las mafias que trafican con seres humanos no tardaron en explotar la vulnerabilidad del Estado español.
Las redes ilegales organizaron un asalto masivo a gran escala con extrema rapidez. Utilizaron el dictamen judicial como reclamo para azuzar a miles de personas. La falta de respuesta política preventiva dejó la frontera totalmente expuesta. El resultado ha sido demoledor: más de 50.000 entradas ilegales y al menos 94 personas muertas.
Fuentes del ámbito de la seguridad confirman que los avisos a la cartera de Fernando Grande-Marlaska fueron constantes. El servicio de inteligencia no precisó el minuto exacto del asalto. Sin embargo, los informes dejaban claro que la amenaza era inminente y real. La respuesta del Ministerio fue sencillamente la pasividad.
La frontera ceutí carecía del personal y los recursos materiales necesarios para contener la avalancha. La falta de previsión dejó a las fuerzas de seguridad del Estado vendidas ante una marea humana descontrolada. La política de brazos cruzados del Ejecutivo socialista ha mostrado su cara más amarga.
El malestar en el seno de la agencia de inteligencia es mayúsculo. Los agentes observan con indignación cómo la cúpula de Interior intenta lavarse las manos. La prioridad de la Moncloa parece ser el blindaje político del ministro antes que la asunción de responsabilidades por el fallo de la seguridad fronteriza.
Grande-Marlaska ha llegado a negar públicamente la existencia de estas advertencias previas. El titular de Interior sostiene que su departamento no recibió ningún informe del CNI sobre lo ocurrido la madrugada del 30 de julio. Una versión que choca frontalmente con los testimonios procedentes de las fuerzas de seguridad.
Desde los servicios de inteligencia interpretan estas palabras como una maniobra desesperada. El Gobierno busca desviar la atención para no admitir que la frontera estaba infrapresupuestada e infradotada. La falta de efectivos no fue un accidente, sino el resultado de un cálculo político nefasto.
El Ministerio del Interior insistió en desmentir categóricamente haber recibido alertas preventivas. Esta estrategia de confrontación entre instituciones debilita de forma alarmante la imagen de España. La descoordinación entre la inteligencia y el mando policial pone en riesgo la soberanía nacional en la frontera sur.
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