La resaca del proceso independentista sigue pasando factura a las instituciones españolas. La expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha vuelto a llamar a las puertas del Tribunal Supremo para reclamar que se le aplique la ley de amnistía. Tras haber sido condenada por sedición e indultada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, la dirigente separatista exige ahora la cancelación definitiva de sus antecedentes penales vinculados a la consulta ilegal del 1 de octubre.
La petición, formalizada por su defensa, llega justo después de que el Alto Tribunal comenzara a resolver los primeros expedientes tras la postura del Tribunal Constitucional sobre la norma. Sin embargo, la estrategia procesal de Forcadell choca de frente con el calendario judicial. Al ser agosto un mes inhábil en la administración de justicia, la expresidenta de la Cámara autonómica deberá esperar para conocer si los jueces atienden sus pretensiones.
A este frente se ha sumado el actual presidente del Parlament, Josep Rull. El dirigente de Junts, que también disfrutó del favor del indulto y vio extinguida su inhabilitación a comienzos de 2023, ha recurrido de nuevo al Supremo a través de su representación legal. En su caso, la motivación radica en los inconvenientes que le genera mantener el historial penal a la hora de viajar a determinados países, como Estados Unidos.
El escenario actual pone de manifiesto la complejidad generada por las reformas penales diseñadas a la medida de los socios del Gobierno. A pesar de que el Ejecutivo eliminó el delito de sedición del Código Penal, los registros penales no han desaparecido de forma automática como pretendía el separatismo. Este intento constante por limpiar el expediente demuestra que los acuerdos parlamentarios no pueden borrar con facilidad la gravedad de los hechos consumados en 2017.
La ofensiva de Forcadell y Rull no es un caso aislado, sino que forma parte de una estrategia compartida por otros líderes como Joaquim Forn o Jordi Cuixart. Mientras voces como la de Jordi Sànchez se han mantenido al margen de la solicitud, la presión del separatismo sobre el Alto Tribunal evidencia que los gestos de apaciguamiento de la izquierda no han frenado las exigencias del nacionalismo, que ahora busca la impunidad total a través del olvido penal.
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