El Consell Comarcal de la Cerdanya y la asociación profesional JUCIL han escenificado este miércoles un frente común institucional en defensa de la continuidad del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil en Puigcerdà. El presidente del ente comarcal, Isidre Chia (Junts), y los representantes de la organización de agentes han mantenido una reunión de trabajo para frenar cualquier intento de desmantelamiento o recorte de la unidad operativa en la zona.
Ambas formaciones han subrayado que la protección del entorno natural y la seguridad ciudadana en los municipios de montaña deben anteponerse por completo a cualquier posicionamiento o debate de carácter político. Como consecuencia de este encuentro, las partes firmarán un escrito conjunto dirigido al Ministerio del Interior y a la Dirección General de la Guardia Civil para exigir explicaciones y garantías oficiales.
El documento oficial reclamará que se aclare si existe un expediente de cierre o reducción de plantilla, exigiendo una memoria operativa previa a cualquier modificación estructural. Los impulsores de la iniciativa han recordado la compleja orografía comarcal, marcada por su carácter fronterizo con Andorra y Francia, la dispersión geográfica y una intensa presión turística estacional.
Desde la perspectiva de los firmantes, prestar estos servicios ambientales desde otras localidades vecinas comprometería de forma directa la capacidad de respuesta y la eficacia preventiva en el territorio. La estrategia acordada incluye elevar al pleno comarcal una actualización de la moción aprobada el año pasado, además de sumar a los ayuntamientos locales y solicitar una mesa de interlocución con las subdelegaciones provinciales.
Asimismo, la presidencia comarcal ha iniciado contactos con el Consell Comarcal del Ripollès para extender esta alianza territorial pirenaica en defensa de los servicios especializados de la Benemérita. Por su parte, JUCIL, que agrupa a más de quince mil afiliados, ha reiterado su voluntad de emplear todas las vías institucionales disponibles para blindar los recursos operativos esenciales en las zonas rurales.
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