Lo que está ocurriendo en España en estos últimos cuatro días no tiene precedentes en una nación seria y europea. Me encontraba en París, precisamente el jueves 30, terminando un programa en Radio Internacional de Francia para hablar sobre la situación de España, cuando, al encender de nuevo mi teléfono, comenzaron a aparecer las primeras noticias de la invasión de España por parte de decenas de miles de marroquíes que entraban por la frontera de Ceuta y también, aunque a una escala comparativamente menor, al día siguiente en Melilla.
En la mesa de la redacción de la radio francesa no daban crédito a lo que les decía e, inmediatamente, también ellos comenzaron a recibir información fidedigna. Nos miramos con sorpresa mayúscula, pues buena parte de lo que habíamos hablado en el programa, en relación con lo que representa un primer ministro europeo sin categoría ni crédito alguno, se reconfirmaba en vivo y en directo al comprobar los hechos de una invasión no solo de las fronteras españolas, sino también de las europeas.
Precisamente, el martes y el miércoles pasados quería haber escrito sobre algo que, a pesar de su delicadeza, estaba pasando desapercibido, dada la enorme gravedad de los incendios registrados en muchos lugares de España: la entrada en Ceuta, durante los últimos diez días, de cerca de dos mil personas, lo que constituía en sí mismo otra invasión. Ello se producía, insisto, diez días antes del fatídico jueves 30, y nadie se llevó las manos a la cabeza; por supuesto, el Gobierno menos que nadie.
En directo hemos visto cómo esas masas de personas invadían España, no solamente por mar, sino también por tierra, y cómo durante horas nuestras fronteras permanecían abiertas por la fuerza, sin que se pudiera hacer absolutamente nada para detener esa invasión. La consecuencia directa, a día de hoy, son más de ochenta muertos y una tragedia indescriptible, de la que el Gobierno ni siquiera habla para exigir a Marruecos las necesarias e imprescindibles responsabilidades por haber lanzado a la muerte a tantos marroquíes.
Otra consecuencia directa es que los españoles ceutíes no puedan salir a la calle, permanezcan confinados, sufran asaltos, no puedan abrir sus tiendas y empresas ni acudir al trabajo o atender sus quehaceres diarios. Se encuentran sometidos a un ataque masivo y organizado, que responde a un patrón y a un plan, lo que constituye asimismo la definición de un delito de lesa humanidad. ¡España secuestrada; los españoles, secuestrados en nuestra propia nación!
Un primer ministro europeo, el español, hace dejación de sus funciones ante los ojos del mundo entero. Un presidente del Gobierno que sabía de antemano lo que se estaba preparando, como al menos supimos todos tras la entrada de dos mil marroquíes diez días antes. Sesenta mil personas son perfectamente identificables cuando están preparando una invasión y, si no fuera así, todavía sería mucho peor.
El caso es que una invasión que prácticamente iguala en número a la población ceutí —imaginemos Madrid invadida en cuestión de horas por cinco millones de personas— no puede improvisarse en absoluto. Y sucede justamente el día de la fiesta de la entronización del rey de Marruecos y cuando, como consecuencia de ella, se indulta a casi dos mil personas. ¿Habrán formado parte de la invasión?
¿Qué hace el Gobierno el jueves 30? Acudir esa misma tarde a la fiesta de la entronización, en la Embajada de Marruecos, como si nada estuviera sucediendo, mientras decenas de miles de personas ya habían entrado y, durante la celebración, miles más continuaban haciéndolo. Una indecencia inasumible.
El presidente del Gobierno acude, junto al ministro del Interior, el viernes 31 a Ceuta, pero no declara la emergencia nacional ni adopta ninguna medida excepcional. Afirma que se trata de un ataque y de una violación de la integridad territorial de España, pero atribuye lo ocurrido a las mafias y sostiene que estas se han apoyado en la sentencia del Tribunal Supremo.
El presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Vivas, tras la comparecencia del presidente del Gobierno, ha lamentado la falta de garantías y que no se hayan adoptado medidas excepcionales. Tampoco le habían hecho caso durante los días anteriores, a pesar de que llevaba tiempo advirtiendo de la situación.
Ahora bien, el ministro de Exteriores llama a consultas al embajador de Italia. ¿Está mal de la cabeza? ¿Cómo puede hacer eso? ¿Por qué no llama primero a consultas al embajador de Marruecos, como sería lógico? Y, si quiere, después puede hacerlo con los representantes de las otras veintidós naciones de la Unión Europea que han escrito una carta conjunta exigiendo seriedad y firmeza en las fronteras. Las pocas naciones que quedan, aunque no sean firmantes, están pensando de manera parecida, he de decir. Y mañana Europa convoca a España para exigir soluciones.
Un presidente del Gobierno que, con su conocida conducta de dejación dolosa de responsabilidades respecto a Marruecos y con una actuación tenebrosa, oscura y desconocida, basada en no sabemos qué pactos o acuerdos no aprobados por el Parlamento, admite una acción gravísima que atenta contra la seguridad, la soberanía, la independencia y la integridad territorial de España.
Esto se denomina delito de lesa patria, similar también a un delito de lesa traición, hoy llamado alta traición, y asimismo delito contra la defensa nacional. Como muestra de su indolencia y traición, a la vuelta de Ceuta nos deleita con una lista musical para pasar unas divertidas vacaciones. Espero que mañana, en la reunión extraordinaria europea convocada por la invasión también de Europa, lo primero que se haga sea felicitarlo por tan importante recomendación musical veraniega. ¡Dimisión y exigencia de todas las responsabilidades a un primer ministro traidor a España y a toda Europa!
Amalio de Marichalar. Conde de Ripalda. Soria, 3 de agosto de 2026
NOTA: En estos momentos de crisis y de hundimiento de publicidad, elCatalán.es necesita ayuda para poder seguir con nuestra labor de apoyo al constitucionalismo. Si pueden, sea 2, 5, 10, 20 euros o lo que deseen hagan un donativo aquí).
necesita tu apoyo económico para defender la españolidad de Cataluña y la igualdad de todos los españoles ante la ley.
















