Esquerra Republicana ha vuelto a colocar el celo lingüístico en el centro de su agenda política. Esta vez, la formación separatista ha fijado su objetivo en los centros de salud catalanes. El motivo de su indignación es la presencia del español en la estructura básica de los informes médicos.
Los republicanos acusan directamente al Ejecutivo autonómico de imponer el castellano en la sanidad pública. A su juicio, la inclusión de la lengua oficial del Estado en la documentación clínica supone un retroceso inaceptable. Por ello, exigen al Departament de Salut que revoque de forma inmediata esta decisión.
La formación independentista pretende fiscalizar las instrucciones internas remitidas a los hospitales y ambulatorios. Quieren conocer qué órdenes concretas se han transmitido a la plantilla sanitaria. Asimismo, cuestionan abiertamente la fundamentación legal en la que se apoya esta medida organizativa.
Según las denuncias de ERC, el cambio formal comenzó a implantarse a principios de 2025. Desde entonces, los modelos administrativos han incorporado el castellano en apartados visibles. Entre estos elementos figuran las cabeceras de los documentos, los datos de contacto y las cláusulas de protección de datos.
El partido señala como responsable directo al Área de Sistemas de la Información de la Consejería. Atribuyen a esta unidad directrices claras para que los textos clínicos figuren, al menos, en idioma castellano. Una indicación que ha encendido las alarmas en el sector más dogmático del nacionalismo.
Para Esquerra, garantizar el uso del castellano en la administración pública catalana carece de cobertura jurídica suficiente. Argumentan que los decretos estatales solo fijan un conjunto mínimo de datos estandarizados para facilitar el intercambio de fichas entre autonomías, sin exigir la redacción obligatoria en la lengua común.
El choque evidencia cómo la izquierda independentista sitúa de nuevo el debate identitario por encima de la eficacia asistencial. En lugar de priorizar la reducción de las listas de espera o la falta de profesionales, ERC prefiere librar una batalla burocrática contra el español en los ambulatorios.
Por su parte, el Govern socialista se encuentra atrapado en sus propias contradicciones. El Ejecutivo catalán intenta proyectar una imagen de gestión moderada, mientras encaja los ataques de sus socios preferentes por el simple hecho de admitir la cooficialidad lingüística en los formularios de salud.
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