El proyecto identitario de los llamados «Països Catalans» representa la vertiente más expansionista del separatismo. Bajo el pretexto lingüístico, el nacionalismo pretende proyectar una tutela cultural y política sobre territorios vecinos. Esta entelequia no es más que la búsqueda de un espacio vital imaginario impulsado desde la ideología más excluyente.
La ensoñación pancatalanista intenta someter bajo la órbita de Barcelona a la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, la franja de Aragón, el Principado de Andorra, el sur de Francia y la ciudad sarda de Alguer. Se trata de una agenda que ignora la soberanía y la personalidad histórica propia de cada uno de estos territorios.
Esta aventura ideológica ha costado una enorme suma de dinero a los contribuyentes españoles. Durante años, la Generalitat de Cataluña ha destinado ingentes recursos públicos a subvencionar entidades, plataformas y activistas afines fuera de sus fronteras. Una red clientelar alimentada en gran medida gracias a la financiación otorgada por el Gobierno de Pedro Sánchez.
El aparato mediático autonómico ha actuado como la gran plataforma de difusión de este ideario. TV3 se ha dedicado a emitir mapas meteorológicos de fronteras ficticias y a magnificar cualquier acto residual para simular un respaldo social inexistente. En el pasado, redes de repetidores pagadas con dinero público permitieron la difusión de estos contenidos en la Comunidad Valenciana a través de entidades satélite.
A pesar de esta intensa labor propagandística, el pancatalanismo se encuentra en clara decadencia fuera de Cataluña. La ciudadanía de las comunidades vecinas rechaza de forma mayoritaria la injerencia del independentismo. La realidad política actual demuestra el agotamiento definitivo de esta narrativa.
El escenario en el departamento francés de los Pirineos Orientales, bautizado por el nacionalismo como «Catalunya Nord», resulta revelador. Las formaciones de derecha nacional han logrado triunfos inapelables en las urnas, superando con holgura la mitad de los sufragios. Los cuatro diputados de esta zona en el parlamento francés son del partido de Marine Le Pen. Una clara muestra de que los votantes de la zona prefieren la legalidad de la República Francesa antes que las pretensiones de Carles Puigdemont.
En la España autonómica, el mapa político ha cambiado drásticamente. Los ejecutivos de centro-derecha en la Comunidad Valenciana, Aragón y las Islas Baleares han frenado el uso de fondos públicos para financiar la agenda expansionista. La fiscalización del gasto ha dejado sin oxígeno a los colectivos que vivían del presupuesto autonómico catalán.
Por su parte, Andorra mantiene una postura pragmática orientada a preservar la estabilidad y sus buenas relaciones bilaterales con Madrid y París. Al mismo tiempo, el arraigo en la ciudad italiana de Alguer ha quedado reducido a un mero apunte folclórico sin proyección política real.
El pancatalanismo solo ha logrado sobrevivir allí donde el PSOE le ha prestado su apoyo institucional. Los pactos de la izquierda con las fuerzas separatistas han permitido financiar estructuras afines y promover un debate identitario ajeno a las verdaderas preocupaciones de los ciudadanos. La sociedad ha demostrado un rechazo frontal a las fantasías territoriales del nacionalismo radical. El expansionismo separatista queda al descubierto como un proyecto costoso e inoperante que se desmorona en cuanto se le retira la financiación pública.
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