El magistrado Juan Carlos Peinado ha dictado este lunes el auto de apertura de juicio oral contra Begoña Gómez. La resolución judicial sitúa a la esposa del presidente del Gobierno ante un tribunal con jurado. La causa se centra en los presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. El procedimiento avanza así hacia su fase definitiva en los órganos de enjuiciamiento.
A escasas jornadas de su jubilación oficial, el instructor ha desestimado las alegaciones presentadas por la nueva representación legal. El letrado Jaime Campaner había solicitado la invalidez del escrito de la acusación. Dicha acusación popular mantiene una solicitud de condena fijada en trece años de prisión para la procesada. Esta decisión judicial constituye la segunda ocasión en que el magistrado adopta esta medida procesal.
Un pronunciamiento anterior quedó desactivado tras un recurso resuelto por la Audiencia provincial de Madrid. Aquella instancia superior acotó los tipos delictivos iniciales y descartó la corrupción en los negocios. El actual auto procesal extiende sus efectos punitivos a Cristina Álvarez, asesora de la investigada en el complejo institucional de La Moncloa. A esta colaboradora se le atribuye un presunto delito de malversación.
Por el contrario, el empresario Juan Carlos Barrabés queda excluido de esta vista oral concreta. Su situación legal continúa bajo el análisis específico de la Fiscalía Europea. El eje del presunto tráfico de influencias se circunscribe a la creación y puesta en marcha de una cátedra extraordinaria universitaria. Dicha estructura académica se desarrolló en el ámbito de la Universidad Complutense de Madrid.
En cuanto al cargo de malversación, la imputación presenta una doble vertiente de carácter material. Por un lado, contempla el aprovechamiento particular de una aplicación informática creada para el entorno académico. Por otro lado, la acusación abarca la utilización recurrente de personal público para fines de índole económica privada. El proceso continuará ahora con los trámites legales ordinarios previos a la vista.
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