El debate migratorio vuelve a tensar la política nacional con una ofensiva judicial sin precedentes. VOX ha anunciado su intención de llevar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.
La formación de Santiago Abascal acusa al jefe del Ejecutivo de un presunto delito de traición. El motivo central es su gestión ante las masivas entradas de inmigrantes ilegales que llegaron a nado a las costas de Ceuta.
Desde la dirección de VOX sostienen que el Palacio de la Moncloa contaba con información previa sobre estos movimientos en la frontera. Consideran que la falta de previsión y la debilidad del Ejecutivo fronterizo vulneraron la seguridad nacional.
Para canalizar esta denuncia, Vox pretende activar la vía del artículo 102 de la Carta Magna. Esta cláusula reserva al Tribunal Supremo la competencia para juzgar a los miembros del Gobierno por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo.
El líder de la formación ha manifestado que existen indicios suficientes para justificar la acción penal. A su juicio, la permisividad del Gabinete socialista ante la presión migratoria constituye una cesión inaceptable frente a las fronteras del Estado.
Sin embargo, la iniciativa se topa con un muro constitucional de difícil superación parlamentaria. La norma exige que la acusación sea promovida por una cuarta parte del Congreso y refrendada por mayoría absoluta.
En la práctica, la aritmética parlamentaria invalida la posibilidad de que la querella prosiga su trámite formal. Vox no dispone de los 88 diputados necesarios para redactar la iniciativa, ni cuenta con apoyos para sumar 176 votos a favor.
Pese a su inviabilidad técnica, el movimiento de la oposición sirve para poner el foco en la política de fronteras de la izquierda. El Ejecutivo de Sánchez acumula severas críticas por su falta de firmeza en el control de la inmigración irregular.
La gestión del Gabinete de coalición genera dudas constantes sobre la soberanía exterior y la seguridad de las ciudades autónomas. Esta pasividad gubernamental alimenta el descontento de amplio sector social que exige mayor contención en los pasos fronterizos.
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