El Estado de Derecho se ha vuelto a imponer frente al sectarismo institucional que contamina a numerosos municipios catalanes. El Ayuntamiento de Cabrils, gobernado por ERC, ha tenido que ceder finalmente a las exigencias legales. La bandera de España ondea ya en su fachada principal, poniendo fin a una prolongada anomalía constitucional.
El camino no ha sido sencillo ni inmediato. Ha hecho falta una incesante batalla administrativa y judicial durante más de tres años. La iniciativa impulsada por la entidad Impulso Ciudadano demuestra cómo la sociedad civil debe organizarse para obligar a las instituciones a cumplir la norma común.
La desobediencia y las reticencias a exhibir los símbolos nacionales no son nuevas en Cataluña. Durante años, la tibieza de los ejecutivos socialistas y secesionistas ha permitido que multitud de alcaldías actúen al margen de la ley. Se ha normalizado la exclusión de la enseña nacional sin ningún tipo de pudor ni sanción inmediata.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Barcelona dictó una sentencia tajante en mayo de 2025. El fallo dejaba claro que la inactividad del Ayuntamiento quebrantaba la legalidad vigente. Se ordenó la colocación inmediata de la bandera rojigualda en un lugar de honor, tal y como exige la Ley 39/1981.
Sin embargo, la respuesta del gobierno municipal rozó la burla institucional. En lugar de acatar el mandato de forma íntegra, optaron por la vía de la trampa visual. Instalaron un diminuto banderín en la parte superior del tejado, prácticamente invisible desde la calle y carente de solemnidad.
Este intento de vacuidad democrática obligó a recurrir de nuevo a la justicia para exigir la ejecución forzosa. No se puede permitir que los responsables públicos utilicen subterfugios para vaciar de contenido las resoluciones judiciales. Cumplir la ley a medias equivale a incumplirla por completo. La certificación fehaciente del secretario municipal ratificó por fin la correcta instalación del conjunto de banderas oficiales. El trámite se completó a finales de julio, cerrando un episodio bochornoso que pone de relieve la falta de neutralidad institucional que padece Cataluña.
Las banderas oficiales no pertenecen a una facción ni representen un ideario político concreto. Simbolizan el marco de convivencia y la pluralidad de todos los ciudadanos. Es lamentable que deba ser la justicia la que recuerde principios tan básicos a las administraciones públicas.
Este caso sienta un precedente fundamental frente al pasotismo y la connivencia ideológica. La neutralidad de los espacios públicos no es negociable en una democracia madura. Corresponde ahora velar para que en cada rincón del país la legalidad no sea una opción voluntaria, sino una obligación estricta.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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