La crisis migratoria e institucional vivida en Ceuta vuelve a dejar al descubierto las grietas de la política exterior del Gobierno de Pedro Sánchez. Lejos de actuar con el firme respaldo defensivo que exige la soberanía nacional, La Moncloa ha optado nuevamente por el repliegue táctico. La respuesta institucional ha sido débil, imprecisa y dominada por un temor soterrado a incomodar al Reino de Marruecos.
Durante los momentos de máxima tensión en la frontera ceutí, la prioridad del Ejecutivo no fue marcar una línea roja inamovible, sino amortiguar el impacto mediático. La gestión de los flujos fronterizos por parte de Rabat se ha convertido en un instrumento de presión geopolítica habitual, ante el cual España parece haber renunciado a ejercer un contrapeso real. La aparente paz diplomática pactada con el país vecino muestra hoy su cara más frágil.
El giro estratégico respecto al Sahara Occidental, anunciado por el presidente para blindar las relaciones bilaterales, vuelve a revelar su ineficacia práctica. Se prometió una etapa de estabilidad y respeto mutuo que garantizara la integridad territorial de Ceuta y Melilla. Sin embargo, la realidad fronteriza demuestra que las concesiones unilaterales solo han servido para incrementar las exigencias del socio alauita.
A esta vulnerabilidad diplomática se suma un discurso oficial empeñado en restar gravedad a lo sucedido. Mientras las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se ven sobrepasadas y sin el material necesario para contener los asaltos, el Ministerio del Interior recurre a eufemismos para maquillar la desprotección de la ciudad autónoma. La falta de un contingente policial reforzado de forma permanente revela una alarmante desconexión con los problemas del terreno.
La sumisión táctica frente a Rabat contrasta con la rotundidad con la que el Ejecutivo suele dirigirse a la oposición interna. Resulta incomprensible que la defensa de las fronteras europeas en el norte de África dependa del estado de ánimo político del Gobierno marroquí. España necesita recuperar una voz propia, capacidad de disuasión real y un marco de cooperación donde la seguridad no esté sujeta al chantaje permanente.
El balance de esta política de apaciguamiento es insostenible para el Estado de derecho. Ceuta no es un peón negociable ni una carpeta secundaria dentro de la agenda gubernamental. Si el Gabinete de Pedro Sánchez persiste en su debilidad estructural frente a Marruecos, la soberanía y el bienestar de los ciudadanos fronterizos seguirán pagando la factura.
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