Centenares de ayuntamientos en Cataluña continúan incumpliendo impunemente la Ley de Banderas. La enseña nacional permanece ausente de las fachadas consistoriales bajo la mirada complaciente de la Delegación del Gobierno en manos del PSC. La neutralidad institucional sigue siendo una asignatura pendiente en el territorio catalán.
Únicamente durante los periodos electorales se exige el cumplimiento estricto de la legalidad ante las amenazas de la Junta Electoral. Las denuncias presentadas por entidades constitucionalistas como Impulso Ciudadano obligan a actuar a las Juntas Electorales. Solo ante la amenaza real de inhabilitación, los regidores rebeldes acatan temporalmente la normativa vigente.
La complicidad con este desafío a los símbolos comunes no es exclusiva de los partidos independentistas. En decenas de estas corporaciones locales figuran alcaldes y concejales del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC). La formación que forma parte dl Ejecutivo central avala de facto este boicot a la bandera de todos. Hay casos como el de Sant Celoni (Barcelona), con alcalde socialista, en el que se hace ver que se cumple la ley de banderas poniendo la rojigualda al lado de la senyera en una esquina del edificio consistorial mientras que al lado se pone un gigantesco mastil con una gran estelada.
Desde las filas socialistas se justifica este repliegue institucional bajo la premisa de facilitar un supuesto reencuentro. Sin embargo, la cesión sistemática ante el marco nacionalista erosiona los derechos fundamentales de millones de ciudadanos. La paz social no puede construirse sobre la renuncia a la legalidad constitucional. Esta política de pacificación selectiva se extiende de forma alarmante al ámbito lingüístico. El derecho de las familias a escolarizar a sus hijos en español continúa siendo ignorado sistemáticamente. Las sentencias judiciales en la materia languidecen en los cajones administrativos sin ejecución alguna por parte de la Generalitat gobernada por el PSC.
El Gobierno de la Generalitat presenta la presencia testimonial de la enseña nacional en actos oficiales como una gran victoria de la convivencia. La realidad es que la normalización prometida por el PSC se limita a gestos de cara a la galería. En la práctica, el proyecto político del socialismo catalán asume los postulados del secesionismo.
Salvador Illa encabeza una versión edulcorada del soberanismo que alterna la cortesía institucional con la agenda identitaria. Acepta el saludo al Monarca mientras mantiene intacto el modelo de exclusión del castellano heredado de ERC. La moderación del discurso contrasta frontalmente con la contundencia de sus hechos.
El caso de Barcelona ilustra a la perfección esta doble vara de medir del socialismo catalán. Mientras el alcalde Jaume Collboni busca la fotografía con el Rey y con regidores de la capital, el paisaje urbano de la Ciudad Condal margina la lengua común. La señalización municipal y la cartelería oficial mantienen un monolingüismo militante en catalán.
El PSC ha culminado su mutación ideológica para convertirse en un actor indispensable del bloque separatista. La búsqueda de la estabilidad política a cualquier precio ha llevado a los socialistas a cruzar líneas rojas históricas. El coste de estas alianzas lo pagan diariamente los catalanes que defienden la España constitucional.
Sin un compromiso firme de las instituciones del Estado, la vulneración de los derechos ciudadanos seguirá consolidándose. Exigir el respeto a la ley y a los símbolos patrios no es una opción ideológica, sino un deber democrático básico. España no puede permitirse tener administraciones locales al margen del marco constitucional.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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