El sistema educativo catalán ha sufrido un varapalo institucional de dimensiones insólitas. La Associació de Directius de l’Educació Pública de Catalunya (AXIA) ha levantado la voz ante el gravísimo fallo detectado en la muestra del informe PISA, del que el Govern de Salvador Illa no se ha hecho resonsable. El error invalida por completo los datos de los alumnos catalanes. La imposibilidad de comparar los resultados con otras regiones o ediciones previas deja en evidencia la gestión administrativa.
Desde AXIA no han dudado en calificar la situación de devastadora para el prestigio de la comunidad. Cuestionar la credibilidad de las instituciones educativas autonómicas es el precio de una negligencia inasumible. No se trata de un mero desliz burocrático o de un fallo informático menor. Estamos ante una quiebra de la confianza pública en una herramienta diagnóstica fundamental.
Las direcciones de los centros públicos se enteraron de la noticia a través de los medios de comunicación. Nadie en las juntas directivas previas había dado la voz de alarma ni informado del problema. Esta falta de transparencia por parte de la administración demuestra una preocupante desconexión con el trabajo diario de las escuelas. La gestión del Departamento demuestra, una vez más, una clara incapacidad para coordinar procesos clave.
A la gravedad de la invalidez de las pruebas se suma el intento descarado de derivar culpas. Intentar responsabilizar a los equipos directivos de los colegios e institutos resulta del todo inaceptable. Las cúpulas educativas autonómicas pretenden escudarse en la labor de los docentes para no asumir su propio fracaso. Pretender que decenas de centros han actuado mal de forma simultánea roza la mofa.
Preguntarse si medio centenar de escuelas se han equivocado a la vez expone el ridículo de la versión oficial. AXIA ha exigido una depuración inmediata de responsabilidades y una rendición de cuentas transparente. Mantener el silencio o buscar chivos expiatorios ya no es una opción válida para la consejería. La credibilidad de la administración pública catalana se encuentra bajo mínimos.
El impacto de este patinazo técnico supera lo puramente formal y entra en el plano político. La imposibilidad de comparar los datos impide comprobar si las medidas implantadas desde el desastre de 2022 sirvieron de algo. Catalunya queda desprovista de un termómetro fiable para medir la evolución de sus estudiantes respecto al resto del mundo. Años de recursos y discursos teóricos quedan suspendidos en el aire sin evaluación posible.
Lo verdaderamente alarmante es que el debate educativo autonómico vuelve a quedar completamente huérfano. Sin un diagnóstico certero sobre el rendimiento del alumnado, resulta imposible fijar soluciones serias. Las decisiones legislativas y metodológicas se tomarán a partir de ahora basándose en intuiciones o sesgos ideológicos. Se pierde así cualquier atisbo de rigor pedagógico en la planificación del curso.
La incapacidad para gestionar algo tan estandarizado como la muestra de PISA refleja un problema estructural de gestión. La burocracia educativa parece más ocupada en la ingeniería social y el relato político que en la excelencia académica. Mientras las aulas necesitan disciplina, contenidos sólidos y evaluación, la administración entrega descontrol e incompetencia organizativa.
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