El fiasco de la ejecución de las pruebas PISA ha empezado a cobrar sus primeras piezas en el Departament d’Educació. Cataluña ha quedado apeada del mapa educativo internacional por una nefasta gestión. El golpe reputacional para el sistema escolar autonómico resulta sencillamente insostenible.
La consellera Esther Niubó ha optado por la vía rápida del cese administrativo. Su primera víctima ejecutiva ha sido la número dos del departamento, Teresa Sambola. Bajo el clásico pretexto de «abrir una nueva etapa», la gestión del Govern socialista vuelve a escudarse en cambios organizativos frente al evidente descontrol institucional.
El escarmiento interno no se detiene en los despachos políticos. La titular de Educació ha anunciado la apertura de expedientes disciplinarios a tres funcionarios del departamento. Las acusaciones lanzadas desvelan un desorden interno impropio de una administración autonómica con tantas competencias.
Según Niubó, las infracciones cometidas son calificadas de «graves». La consellera ha apuntado a errores continuados de interpretación, graves fallos de supervisión y una flagrante falta de comunicación interna. La ineficacia burocrática salta de nuevo a la luz pública sin que nadie asuma la máxima responsabilidad política.
Dos de los empleados expedientados habrían incurrido en un presunto incumplimiento de sus deberes como servidores públicos. El tercero afronta sospechas de haber vulnerado la ley de transparencia por negligencia. La opacidad vuelve a marcar el relato de la conselleria, que rechaza facilitar las identidades para preservar el expediente.
El discurso de la conselleria intenta salvar los muebles alegando que no se minimiza el impacto de los hechos. Sin embargo, recurrir a los mandos intermedios para justificar la invalidez de los datos catalanes en la OCDE demuestra la fragilidad del liderazgo directivo. La responsabilidad política siempre busca un eslabón más débil.
Para rellenar la vacante en la Secretaría General de Educación, la consellera ha acudido al granero de confianza del PSC barcelonés. Marta Clari, hasta la fecha gerenta de Derechos Sociales en el Ayuntamiento de la capital catalana, asumirá el cargo de número dos de la conselleria.
El currículum de Clari evidencia una trayectoria volcada en la gestión pública municipal. Ha pasado por el Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Biblioteques y diversos distritos consistoriales. Su perfil técnico-político responde más a la disciplina de partido que a un giro especializado en la maltrecha pedagogía catalana.
El relevo en la cúpula educativa deja al descubierto las costuras de la gestión de la izquierda al frente de la Generalitat. Se cambian cromos entre administraciones afines mientras la calidad del sistema escolar sigue cayendo sin freno. Los parches organizativos difícilmente ocultarán un fracaso de escala internacional.
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