La gratuidad de la AP-7 ha terminado pasando una factura muy alta a los conductores catalanes. Desde el levante de las barreras en agosto de 2021, el volumen de tráfico se ha multiplicado exponencialmente. El resultado diario es previsible: colapsos kilométricos, paralización del transporte y un preocupante aumento de la siniestralidad.
La gestión puramente ideológica de las infraestructuras suele chocar de frente con la realidad. Liberar la autopista sin un plan de contingencia adecuado saturó de inmediato la principal arteria del territorio. La fuerte presencia de camiones de gran tonelaje ha terminado por estrangular la circulación en jornadas clave.
El cambio de discurso en la Generalitat evidencia el fracaso de aquellas promesas de movilidad ilimitada sin coste. Fue el propio president Salvador Illa quien admitió este verano la posibilidad de haberse equivocado con el fin de los peajes. Ahora, el ejecutivo socialista no descarta dar marcha atrás de forma definitiva.
La consellera de Interior, Núria Parlon, ha reconocido abiertamente en declaraciones a EFE que la Generalitat afronta un problema de dimensiones colosales. El Govern estudia de nuevo el pago por uso como una herramienta para desincentivar el tráfico y financiar el mantenimiento. La propuesta vuelve a estar sobre la mesa como parte de un plan de choque de urgencia.
Para abordar esta crisis, la Generalitat creará este otoño un grupo de trabajo interdepartamental. La comisión reunirá a las distintas consellerias con competencias en la materia para evaluar diferentes alternativas. El objetivo oficial consiste en encontrar respuestas inmediatas ante la indignación creciente de los usuarios habituales.
Entre las medidas estructurales se contempla la ampliación a tres carriles en el tramo sur de la vía. Sin embargo, la propia consellera admite que la vía de las obras no ofrecerá soluciones a corto plazo. La burocracia administrativa, las licitaciones y los plazos de ejecución demorarán años cualquier mejora sobre el asfalto.
Mientras se debaten los peajes, el Servei Català de Trànsit intenta aplicar parches tecnológicos para frenar la sangría de accidentes. Entre estas iniciativas destaca una aplicación móvil para enviar alertas de voz directas a los conductores. La herramienta ofrecerá rutas alternativas en tiempo real cuando se produzcan retenciones graves.
El departamento de Interior confía también en la inteligencia artificial para gestionar la velocidad variable en 150 kilómetros de vía. Este sistema abarcará el trazado entre Maçanet de la Selva y El Vendrell durante los próximos meses. La tecnología tratará de evitar los frenazos bruscos que desencadenan colisiones en cadena.
Asimismo, la administración catalana ultima un algoritmo predictivo diseñado para anticipar puntos de riesgo y prevenir accidentes. Aunque los avances digitales resultan útiles, difícilmente resolverán por sí solos el estrangulamiento físico de la calzada. El exceso de vehículos sobrepasa con frecuencia la capacidad máxima del trazado.
El debate sobre la AP-7 pone de manifiesto las contradicciones del modelo de movilidad de la izquierda. Tras años utilizando la gratuidad como bandera electoral, la saturación y el peligro al volante obligan a rectificar. La solución propuesta pasa, de nuevo, por hacer pagar al usuario la falta de previsión pública.
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