El separatismo catalán insiste en utilizar cualquier contencioso judicial para alimentar su relato de agravio permanente frente al Estado. Esta semana, la Universitat Catalana d’Estiu, celebrada en Prada, se ha convertido en el escenario idóneo para resucitar el caso de las obras de arte de Sijena. Una contienda judicial que enfrenta a Aragón y Cataluña desde hace años y que vuelve a ser manipulada con fines estrictamente ideológicos.
En el marco de la jornada «Sijena: estado de la cuestión», diversos ponentes afines al espacio soberanista analizaron la inminente ejecución de las sentencias pendientes. El acto contó con la presencia del exconseller de Cultura y diputado de Junts, Lluís Puig, junto a historiadores y juristas de la órbita nacionalista. Lejos de acatar la legalidad vigente, el foro sirvió para presentar publicaciones que insisten en deslegitimar las resoluciones de los tribunales españoles.
El tono más encendido de la jornada lo protagonizó el historiador Jaume Sobrequés durante su intervención de clausura. Con una retórica marcadamente incendiaria, Sobrequés alertó de que el traslado de las pinturas murales custodiadas en el Museu Nacional d’Art de Cataluña está cada vez más cerca. Ante este escenario, dio por agotados los cauces institucionales para sostener la posición catalana.
El historiador no dudó en enmarcar el litigo patrimonial en el habitual esquema de confrontación política. Llegó a definir la restitución de las piezas a la comunidad aragonesa como una muestra del «poder represivo» del Estado sobre las instituciones catalanas. Además, cargó duramente contra el actual Govern de la Generalitat por lo que considera una actitud pasiva ante las decisiones judiciales.
Descartada la vía del diálogo y de los recursos legales, la propuesta del nacionalismo vuelve a ser la presión en las calles. Sobrequés apeló directamente a la movilización de la ciudadanía para impedir con «una acción pacífica de fuerza» el cumplimiento de la ley. La estrategia pretende convertir el MNAC en un nuevo punto de resistencia ante las fuerzas de seguridad y la administración de justicia.
Para justificar esta llamada a la insubordinación, el ponente trazó un paralelismo con los episodios más convulsos del proceso independentista. Citó convocatorias históricas como la Marcha de la Libertad de 1976 o las movilizaciones posteriores a la sentencia del Estatut en 2010. Tampoco faltaron referencias al 9-N o al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
El llamamiento llegó a concretarse en una propuesta de bloqueo físico en las puertas del propio museo. Sobrequés planteó abiertamente si no hay nadie dispuesto a «hacer guardia» frente a la pinacoteca para frenar la salida de los bienes. Una sugerencia que apela directamente al choque directo y a la desobediencia civil pacífica como único recurso final.
Esta retórica pone de manifiesto la incapacidad del separatismo para asumir el marco constitucional y las decisiones del poder judicial. Cuando las sentencias no se ajustan a sus intereses políticos, la respuesta recurrente consiste en descalificar a los jueces y llamar a las masas. Se antepone así la presión mediática a los principios de lealtad institucional y cumplimiento de la ley. Sobrequés fue un personaje muy importante dentro del PSC con el que fue diputado en el Parlament durante siete años (1988-1995).
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