El pleno del Parlament ha escenificado con crudeza la fragilidad política del Govern de Salvador Illa en uno de los asuntos más sensibles para los ciudadanos. La medida estrella del Ejecutivo socialista, orientada a facilitar la compra de inmuebles a mayores de 40 años mediante una fórmula de adquisición compartida, ha sido rotundamente rechazada por la cámara catalana.
El plan pretendía movilizar un fondo inicial de cien millones de euros para que la administración pública participara como socia capitalista en la propiedad junto a particulares con ingresos estables pero sin acceso al crédito bancario. Sin embargo, la iniciativa naufragó al cosechar el voto en contra de una amplísima mayoría transversal que incluyó a Junts, el Partido Popular, Vox, la CUP y Aliança Catalana.
Únicamente Esquerra Republicana respaldó a los socialistas en esta ocurrencia intervencionista, mientras que los Comuns optaron por la abstención tras exigir el cumplimiento previo de viejos pactos incumplidos en materia social.
Este estrepitoso revés deja en evidencia que el PSC gobierna de espaldas a una cámara fragmentada, incapaz de tejer consensos estables más allá de sus socios de investidura. Lejos de asumir la derrota con espíritu constructivo, el Ejecutivo ya ha avanzado que desplegará por la vía de los hechos otras medidas similares eludiendo el filtro del debate parlamentario.
Por si fuera poco, la jornada parlamentaria se completó con la aprobación de una propuesta independentista impulsada por la CUP para exigir al Estado el traspaso integral de las competencias en vivienda. Este nuevo peaje soberanista salió adelante con el previsible respaldo de los partidos separatistas, demostrando la constante cesión del PSC ante las exigencias separatistas a cambio de mantener el sillón.
La gestión socialista en Cataluña se tambalea entre ocurrencias ineficaces y cesiones políticas, confirmando que el intervencionismo de la izquierda solo genera inestabilidad institucional y frustración en la calle.
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