El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado suspender la entrada en la cárcel de la expresidenta del Parlamento catalán Laura Borràs con la condición de que siga un cursillo para prevenir la corrupción. La decisión judicial se produce después de que el Gobierno central aplicara el mes pasado un indulto parcial a su condena firme. Los tribunales condenaron inicialmente a la exdirigente política en el año 2023 a cuatro años y medio de prisión y trece de inhabilitación.
La sentencia original también incluyó una multa económica tras considerarla autora de delitos de prevaricación y falsedad documental. Los hechos juzgados ocurrieron durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes mediante la adjudicación irregular de contratos.
Tras aplicarse la medida de gracia gubernamental, la defensa de la acusada solicitó la suspensión de los dos años de privación de libertad pendientes. El tribunal ha aceptado la petición al comprobar que la procesada cumple con el requisito legal de carecer de antecedentes penales computables.
La suspensión de la pena privativa de libertad queda supeditada estrictamente a que la política no vuelva a delinquir durante los próximos cinco años. Asimismo, Borràs – que fue presidenta de Junts – deberá cursar un programa formativo especializado sobre las obligaciones y principios que regulan el funcionamiento de las administraciones públicas. La interesada tendrá un plazo de tres meses para presentar un plan académico válido o someterse al control directo de los servicios de medidas alternativas.
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