Las lluvias torrenciales de esta madrugada en la Costa Dorada han dejado un balance desolador que desborda la mera anécdota meteorológica. Inundaciones severas, cuatrocientos evacuados y siete heridos marcan el trágico saldo de un aguacero que sorprendió de lleno a vecinos y turistas. Entre las víctimas se encuentra una menor de edad en estado crítico, tras ceder un muro en el puerto de Roda de Berà.
El impacto no solo se mide en agua, sino en la desconcertante falta de avisos directos a la población. Quienes dormían en los municipios afectados no recibieron la señal del sistema ES-Alert en sus teléfonos móviles para prevenir el desastre. La tormenta avanzaba implacable mientras los protocolos de aviso permanecían en un incomprensible silencio.
Frente a la estupefacción generalizada, el Govern socialista de Salvador Illa ha salido al paso ofreciendo explicaciones que convencen a muy pocos. La administración autonómica argumenta que la información disponible no justificaba el envío del mensaje de emergencia a la población. Sin embargo, reconocen abiertamente que la intensidad real de las precipitaciones pulverizó cualquier cálculo previo.
Para capear el temporal mediático, el Ejecutivo catalán desplazó al conseller de Justícia, Ramon Espadaler, hasta la localidad de El Vendrell. Espadaler defendió la actuación oficial parapetándose en los baremos técnicos del Servei Meteorològic de Catalunya. Según sus palabras, la alerta se situaba en un nivel cuatro sobre seis y el aviso a móviles se reserva únicamente para escenarios superiores al nivel cinco.
El representante del Govern calificó el sistema ES-Alert como una herramienta adecuada, aunque desaconsejó su uso si no existe un diagnóstico certero que lo respalde. En un intento de justificar el error de cálculo, recordó que la meteorología no es una ciencia exacta. Una afirmación que suena a resignación bureaucrática cuando hay vidas humanas en juego y un hospital librando una batalla por una menor.
No deja de ser paradójico que la izquierda, habitualmente tan rápida para exigir responsabilidades a otras administraciones ante emergencias climáticas, apele ahora a la imprevisibilidad del tiempo. La gestión del riesgo requiere anticipación y prudencia, no una rigidez normativa que impida alertar a los ciudadanos preventivamente ante la duda razonable.
El impacto económico en el motor turístico de la zona es otra variable que planea con incertidumbre sobre la Costa Daurada. El propio Govern admite que habrá que evaluar si las instalaciones dañadas pueden retomar la actividad estival con normalidad. La comunicación con los alcaldes afectados será clave en las próximas horas para coordinar la reconstrucción y la asistencia.
Este episodio deja al descubierto las vulnerabilidades de un equipo de gobierno que prometió excelencia en la gestión pública. La meteorología puede no ser una ciencia exacta, pero la obligación de proteger y prevenir sí exige el máximo celo político, al margen de tecnicismos o excusas de última hora.
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