El Ejecutivo catalán vuelve a recurrir al talonario para amortiguar las consecuencias de sus propias políticas. La gestión de la inmigración en la comunidad suma una nueva partida presupuestaria que busca maquillar la falta de previsión institucional. Una factura que, una vez más, termina recayendo directamente sobre el contribuyente.
La información ha salido a la luz a raíz de varias preguntas parlamentarias formuladas por Junts y ERC. Ha sido la ya exconsellera de Drets Socials e Inclusió, Mònica Martínez Bravo, la encargada de detallar los datos en un documento registrado en el Parlament. La respuesta constata la estrecha sintonía de la Generalitat con el Gobierno central para ejecutar este proceso extraordinario.
El desembolso adicional alcanza los 1,5 millones de euros, una cifra destinada íntegramente a reforzar el dispositivo de regularización. Desde el Govern argumentan que este refuerzo presupuestario resulta indispensable para no colapsar aún más los servicios municipales. Sin embargo, la medida evidencia la incapacidad de la estructura pública para asumir estas competencias sin requerir inyecciones económicas constantes. Mientras, el sistema asistencial catalán continua acumulando deficiencias, con listas de espera cada día más grandes en los hospitales, los ambulatorios están colapsados y los servicios sociales tienen una eterna falta de personal.
La mayor parte de este importe, un millón de euros, se ha encauzado mediante una adenda al contrato programa con los ayuntamientos. La prioridad fijada por la administración catalana es sostener la sobrecarga de trabajo en la tramitación de padrones e informes de vulnerabilidad. Se financian así más equipos de orientación jurídica en el ámbito local, ahondando en una burocracia cada vez más pesada.
Los 500.000 euros restantes del paquete económico se han canalizado a través de la convocatoria ordinaria de subvenciones a entidades sociales, lo que requerirá un esfuerzo de investigación para que el dinero se destine a lo establecido. El Govern delega de nuevo en el tercer sector tareas asistenciales de calado, reforzando una red de ayudas que no deja de crecer. Esta dependencia del tejido asociativo demuestra las carencias del propio sistema autonómico para gestionar sus recursos directos.
Para intentar coordinar esta maquinaria, el Govern ha constituido un grupo de trabajo interdepartamental. La mesa de concertación autonómica reúne a representantes de hasta ocho departamentos distintos de la Generalitat. Un despliegue orgánico enorme que busca homogeneizar criterios y evitar los habituales cuellos de botella administrativos.
Resulta llamativo el elevado número de consejerías involucradas, que van desde Presidència y Salud hasta Política Lingüística. Esta atomización de responsabilidades suele traducirse en una dilución de la eficacia y en un incremento de la burocracia interna. El cruce de competencias entre tantos departamentos amenaza con ralentizar aún más la toma de decisiones.
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