Llegar y besarse el santo. O, mejor dicho, aterrizar de un largo viaje oficial por Singapur y Vietnam para someterse a la rueda de prensa de balance de curso. Salvador Illa no ha querido demorar su comparecencia política, aunque haya llegado a la sala de prensa con el cansancio acumulado en las piernas. Una escenografía muy meditada para proyectar imagen de gestión activa, aunque los problemas reales de Cataluña sigan acumulándose en la carpeta de deberes pendientes.
El tono del jefe del Govern ha oscillado entre el cierre de filas y la desconfianza velada hacia sus propios colaboradores. Illa ha insistido en que mantiene la confianza en su ejecutiva y, en concreto, en la titular de Educación, Esther Niubó. Sin embargo, su respaldo no suena a cheque en blanco. Cada vez que se le ha cuestionado por el escándalo que ha dejado a la educación catalana fuera de la evaluación internacional de PISA, el socialista ha medido al milímetro sus palabras.
El detonante de este nuevo frente para el Ejecutivo catalán es grave: el descarte del 23,2% de los alumnos seleccionados para realizar las pruebas, una irregularidad que provocó la anulación de la muestra. Ante este desaguisado, Illa promete contundencia a posteriori. Asegura que ha ordenado llegar «hasta el final» para depurar responsabilidades y ha recalcado que, en cuanto disponga de las conclusiones, tomará «las decisiones que haya que tomar». Una clásica patada hacia adelante para ganar tiempo.
Fiel al estilo retórico del PSC, el president ha recurrido al marco grandilocuente para frenar el impacto del error. «No toleraré el desprestigio del sistema educativo catalán», ha advertido con solemnidad, fijando como meta devolver a la comunidad a la excelencia. Sin embargo, la contundencia del discurso choca frontalmente con la falta de explicaciones concretas sobre la cadena de mando y las omisiones operativas que desencadenaron la exclusión del informe internacional.
Las sombras sobre la gestión del asunto son evidentes. Illa no ha querido aclarar en qué momento exacto fue informado del incidente, detectado ya en el mes de marzo. Se ha limitado a señalar que tuvo conocimiento cuando la consellera se lo comunicó, esquivando precisar si hubo ocultación o pura falta de diligencia. Una muestra más de la tendencia de la administración socialista a tirar balones fuera cuando la realidad de la gestión pública desacredita el relato oficial.
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