El regreso a casa tendrá que esperar. Al menos un 40% de los vecinos desalojados por el socavón de las obras de la L9 en Sant Gervasi, junto a la estación de El Putxet, no podrán volver a sus domicilios hasta septiembre. Un nuevo revés para las familias afectadas, que ven cómo su verano se interrumpe por la falta de previsión en un proyecto de infraestructuras emblemático pero eternamente gestionado a trompicones por el Govern.
El detonante de este aplazamiento ha sido la localización de nuevas grietas de carácter estructural y una cavidad en el sótano del número 2 de la calle Rubinstein. La situación se ha vuelto tan inestable que las autoridades han prohibido de forma tajante la entrada al inmueble, incluso bajo supervisión de los bomberos. La prioridad técnica se centra ahora en inyectar materiales de contención para asegurar la zona antes de que el problema vaya a mayores.
Las explicaciones oficiales reflejan un evidente cambio de discurso que deja al descubierto el exceso de optimismo inicial. El director general de Infraestructures de Mobilitat, Ramón Ramírez, ha tenido que reconocer ante los medios un involuntario «cambio de tendencia».
La lista de fincas bloqueadas incluye los números 2 y 4 de Rubinstein, así como el 3 y el 5 de Teodora Lamadrid, punto donde precisamente se originó el primer hundimiento. A pesar de que los vecinos de otros portales, como Rubinstein 6 o Sant Gervasi de Cassoles 56 y 68, ya han podido regresar, el goteo de inconvenientes proyecta una sombra de duda razonable sobre los controles técnicos llevados a cabo hasta la fecha.
Los afectados pasarán el mes de agosto lejos de sus hogares mientras las administraciones competentes intentan solucionar un contratiempo evitable. La ampliación de la línea 9 vuelve a convertirse en un ejemplo de cómo la gestión pública del Ejecutivo catalán tropieza sistemáticamente en la misma piedra, perjudicando directamente la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos.
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