Des de sectors espanyols s’està escampant la idea d’una deslleialtat i falta d’empatia per part dels socis europeus que plantegen tancar l’espai Schengen. Els recordo que la decisió de la regularització massiva es va fer d’esquena als socis europeus. Ara que no es queixin.
— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) July 31, 2026
El debate migratorio vuelve a sacudir la política nacional con fuerza. Los recientes episodios vividos en Ceuta y Melilla con la invasión de miles de marroquíes ante la pasividad del Gobierno de Mohamed VI han reabierto una brecha profunda en la gestión del Gobierno central. La imagen de vulnerabilidad en las fronteras de las ciudades autónomas evidencia, una vez más, las carencias del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Esta falta de firmeza y de previsión deja un flanco al descubierto que sus propios socios de investidura no dudan en rentabilizar.
Junts per Catalunya ha visto en esta nueva crisis la oportunidad perfecta para elevar el pulso al Estado. El partido neoconvergente no ha tardado en reaccionar políticamente ante la inestabilidad fronteriza. Su respuesta ha sido inmediata y calculada: volver a registrar en el Congreso la proposición de ley para exigir la delegación total de las competencias de inmigración a la Generalitat.
La maniobra busca poner contra las cuerdas tanto al PSOE como al resto del arco parlamentario. Esta misma iniciativa ya fue rechazada en el pasado con una mayoría heterogénea que alineó a la izquierda alternativa con la oposición. Sin embargo, en la aritmética parlamentaria actual, Puigdemont sabe que cada votación es una prueba de fuego para la gobernabilidad del país.
Desde la formación independentista se sostiene que la incapacidad del Ministerio del Interior para controlar las fronteras exige una respuesta drástica. Argumentan que el modelo centralizado ha fracasado de forma evidente. Por ello, reclaman que Cataluña disponga de todas las herramientas normativas e institucionales para trazar su propia estrategia migratoria.
La portavoz de Junts en la Cámara Baja, Míriam Nogueras, ha endurecido el tono contra la pasividad de Moncloa. Nogueras contrapone lo que define como el método de su partido frente a la inacción del Gobierno central. Advierte de que mantener el statu quo actual solo sirve para alimentar el descontento y fortalecer los discursos más extremistas.
Con este movimiento, Nogueras lanza un órdago directo a los grupos parlamentarios de la Cámara. Les obliga a retratarse entre aceptar las exigencias del nacionalismo o perpetuar el desorden organizativo en las fronteras. La presión vuelve a situarse sobre un Ejecutivo central que depende de estos apoyos para sostener la legislatura.
Por su parte, Carles Puigdemont ha querido dotar a la iniciativa de un trasfondo geopolítico más amplio. A través de sus redes sociales, el líder independentista ha calificado los sucesos del norte de África como algo más que un drama humanitario. En su lectura de los hechos, sostiene que la entrada masiva de jóvenes responde a una intencionada estrategia de presión exterior.
Puigdemont encuadra estos episodios dentro de lo que los analistas denominan un conflicto híbrido. Con este análisis, la formación independentista busca desligarse del debate buenista tradicional de la izquierda catalana. Intentan así conectar con un electorado cada vez más preocupado por la seguridad y el control del territorio. Además, ha recordado a Sánchez que fue desleal con los socios europeos de España, dado que llevó a cabo el proceso de regularización masiva de inmigrantes ilegales sin pactarlo con el resto de países de la UE.
El contexto deja al descubierto la fragilidad del bloque que sostiene al Gobierno central. El PSOE se encuentra atrapado entre las exigencias territoriales de sus socios y el deber constitucional de garantizar la integridad de las fronteras nacionales. Ceder ante el chantaje de Junts sentaría un precedente complejo para la soberanía del Estado en una materia tan sensible.
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