Pedro Sánchez ha vinculado su supervivencia en el Palacio de la Moncloa a las exigencias de quienes buscan romper España. Desde que el apoyo del separatismo catalán se volvió indispensable para su permanencia, la política territorial del Gobierno central se ha reducido a una rendición por etapas. La estrategia consiste en ceder competencias y relato bajo el eufemismo de la «desinflamación», un término que oculta la entrega de las instituciones al nacionalismo.
En este tablero de ajedrez político, la Guardia Civil se ha convertido en una pieza de sacrificio recurrente para el PSOE. La presencia de la Benemérita en Cataluña no es solo una cuestión de seguridad, sino el símbolo más potente de la continuidad histórica de la nación. Para ERC y Junts, expulsar a los agentes es una prioridad absoluta, pues no olvidan su papel fundamental en la defensa del orden constitucional durante el golpe de 2017.
El acoso institucional que sufre el cuerpo no es fruto de la casualidad ni de la falta de previsión presupuestaria. Es una decisión consciente de un Gobierno que prefiere un Estado débil en Cataluña con tal de asegurar los votos necesarios en el Congreso. Al debilitar a la Guardia Civil, Sánchez lanza un mensaje de sumisión a los líderes del «ho tornarem a fer», facilitando el camino para futuros desafíos.
Las condiciones de trabajo de los agentes en territorio catalán son, en muchos casos, indignas para cualquier fuerza de seguridad moderna. Mientras el Ministerio del Interior asfixia los recursos de la Guardia Civil, los Mossos d’Esquadra disfrutan de una expansión constante y de una renovación tecnológica envidiable. El contraste es tan evidente que parece diseñado para empujar a los agentes nacionales hacia la salida definitiva.
Vehículos que acumulan décadas, material obsoleto y una falta crónica de personal son la tónica general en los cuarteles catalanes. Fernando Grande-Marlaska parece haber asumido que la Guardia Civil es un estorbo para la armonía con sus socios de gobierno. Este abandono operativo es la forma más cínica de decirle a los agentes que su labor en esta comunidad es, hoy por hoy, prescindible e incómoda.
La asfixia no es solo material, sino también emocional y social, convirtiendo a Cataluña en un destino poco atractivo para los nuevos agentes. El alto coste de la vida y la falta de incentivos económicos hacen que cubrir las plazas vacantes sea una tarea casi imposible. A esto se suma el vacío institucional de un Gobierno central que nunca sale en defensa de sus servidores públicos ante los ataques del separatismo.
La consecuencia directa de este desprecio es una pérdida irreparable de experiencia y conocimiento del terreno por parte de las fuerzas de seguridad estatales. El goteo de traslados a otras regiones es constante, dejando desguarnecidas funciones críticas que solo la Guardia Civil puede desempeñar con plenas garantías. El Estado se empequeñece cada vez que un agente abandona su puesto por falta de apoyo de sus superiores en Madrid.
Mientras el Gobierno de Sánchez mira hacia otro lado, el separatismo celebra cada paso atrás de las instituciones nacionales como una victoria propia. Para los herederos del 1 de octubre, la debilidad del Estado es la base necesaria para construir su república de facto. Saben que, sin la presencia de la Guardia Civil, el control efectivo del territorio catalán está un paso más cerca de sus manos.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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