El Gobierno de Pedro Sánchez vuelve a apostar por la política de hechos consumados en materia migratoria. El reciente pacto entre el PSOE y sus socios de extrema izquierda para regularizar a medio millón de personas ya tiene su primer aterrizaje en Barcelona.
Jaume Collboni no ha tardado en alinearse con las directrices de Moncloa. El alcalde de Barcelona ha confirmado que, de entrada, 24.000 personas en la ciudad se beneficiarán de este proceso extraordinario. La cifra no es definitiva; es solo el suelo de un cálculo que los servicios municipales ya tenían sobre la mesa. Esta celeridad demuestra que el consistorio socialista llevaba tiempo preparando el terreno para una medida que genera división en la opinión pública.
Tras reunirse con el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto, Collboni ha dado luz verde a la maquinaria administrativa. El próximo lunes se activará un grupo de trabajo conjunto para agilizar los trámites. La prioridad parece ser la rapidez por encima del análisis riguroso de cada perfil. El socialismo barcelonés se pone a disposición del Estado para ejecutar una regularización que, por su volumen, carece de precedentes cercanos en la Unión Europea.
A día de hoy, el Ayuntamiento admite que todavía espera las instrucciones precisas de Madrid para aplicar la norma. Esta improvisación es marca de la casa en la coalición gubernamental: se anuncia el gran titular de la regularización masiva y se deja la gestión de los problemas derivados a la inercia de las oficinas municipales.
Barcelona se ofrece como laboratorio de un experimento social que busca legalizar a miles de ciudadanos de un plumazo. Mientras el resto de Europa endurece sus controles fronterizos, España opta por la vía de la regularización extraordinaria sin un plan de acompañamiento claro para las arcas municipales.
El efecto llamada es el elefante en la habitación que nadie en el gobierno local quiere mencionar. Al establecer una cifra tan alta de beneficiarios «inmediatos», se envía un mensaje inequívoco al exterior. La política de fronteras líquidas que promueven PSOE y Podemos encuentra en Barcelona su mejor aliado logístico. Para Collboni, la prioridad es ser «eficiente» en el papeleo, dejando en segundo plano el debate sobre la sostenibilidad del modelo.
Es relevante señalar que la cifra de 24.000 personas corresponde solo a quienes el Ayuntamiento ya tiene «detectados». La propia alcaldía reconoce que el número total será muy superior conforme avance el proceso. Esta falta de control sobre el alcance real de la medida genera incertidumbre en los barrios donde la presión asistencial ya es elevada y los recursos sociales están al límite.
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