La crisis ferroviaria en Cataluña ha derivado en un nuevo episodio de exclusión política por parte del separatismo que fractura la unidad civil y que muestra el sectarismo del separatismo a la hora de utilizar cualquier problema que aqueje a Cataluña.
El Partido Popular de Cataluña ha anunciado su intención de sumarse a la manifestación del próximo 7 de febrero para denunciar el abandono de Rodalies. Sin embargo, la respuesta de una de las entidades organizadoras no ha sido la de sumar fuerzas, sino la de aplicar un cordón sanitario preventivo contra los populares.
Desde la Asociación de Promoción del Transport Públic (PTP), entidad cercana al separatismo que asegura que la movilización en Cataluña es una «manifestación de país» han rechazado de forma tajante la presencia de la formación de Alejandro Fernández. En un tono inusualmente agresivo para una plataforma civil, han acusado al PP de intentar «parasitar» una movilización que consideran exclusiva de la «sociedad civil». Los convocantes señalan a los populares como responsables históricos de la falta de inversión, tachando su participación de provocación e hipocresía.
Esta actitud de esta plataforma es un movimiento de protección política hacia la izquierda que hoy gobierna. Al centrar sus ataques en gestiones de hace años, estas entidades diluyen el foco de la responsabilidad actual del Ministerio de Transportes y de la Generalitat de Salvador Illa. Se impide así que la protesta sea un clamor transversal de todos los usuarios, independientemente de su ideología.
El portavoz del PP catalán, Juan Fernández, ha mantenido la firmeza de su partido a pesar de los insultos y el veto. Fernández ha asegurado que su formación estará al lado de los catalanes para reivindicar lo que consideran de justicia frente al «desbarajuste» del servicio. Para el PP, la crisis de Rodalies no entiende de carnés de partido, sino de ciudadanos que pierden horas de su vida en andenes bloqueados.
Los populares han aprovechado para cargar contra el denominado «pacto de país» por Rodalies que propone el Govern socialista. Según Juan Fernández, este acuerdo no es más que un «teatro» orquestado por el PSC para mantener contentos a sus socios de Junts y ERC. El PP se niega a participar en una estrategia que, a su juicio, busca diluir las culpas de la actual administración en lugar de ejecutar soluciones técnicas reales.
La formación también ha puesto el foco en la seguridad ferroviaria tras los recientes incidentes, como el accidente de Gelida. Han anunciado que estudiarán todas las vías legales y parlamentarias para esclarecer lo ocurrido y forzar una rendición de cuentas. Frente a la retórica de las plataformas, el PP apuesta por una fiscalización rigurosa de los gestores que hoy tienen las competencias y el presupuesto.
Resulta llamativo que una manifestación que se autodefine como «unitaria y transversal» comience excluyendo a la principal fuerza de la oposición en España. Este sectarismo solo beneficia a quienes, desde las instituciones, prefieren una calle dividida antes que una protesta masiva y sin etiquetas. El veto parece más una maniobra para salvar la cara al socialismo que una defensa genuina de los viajeros.
El derecho de manifestación en democracia no debería estar sujeto al filtro ideológico de unos organizadores con sesgo evidente. Al impedir la presencia del centroderecha, las plataformas de usuarios corren el riesgo de convertirse en meros apéndices del discurso nacionalista y de izquierdas. Esta exclusión solo debilita la causa de Rodalies, que debería ser una lucha común de toda la sociedad catalana frente a la ineficacia pública.
La jornada del 7 de febrero se presenta ahora como un test de tolerancia en la capital catalana. Mientras el PSC trata de capear el temporal con promesas de diálogo, la oposición de centroderecha se ve empujada a un margen que no le corresponde por su representación electoral. Es la paradoja de una Cataluña donde, incluso para protestar por un tren que no llega, se exige primero pasar por un examen de «pureza» política.
Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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