El desarrollo de la agenda política de Pedro Sánchez no habría sido viable sin el respaldo constante de los partidos que sostienen al Ejecutivo en el Congreso. Gracias a esa mayoría, el Gobierno de Pedro Sánchez ha podido impulsar reformas en organismos de especial relevancia institucional para controlarlos, como el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas.
Estas actuaciones forman parte de una estrategia orientada a reforzar el control político sobre instituciones llamadas a ejercer funciones de contrapeso. Y el PNV ha optado por preservar su capacidad de influencia en Madrid antes que defender la autonomía de los principales órganos del Estado, priorizando sus objetivos políticos sobre la solidez del Estado de derecho.
La relación entre el Ejecutivo y el poder judicial también ha concentrado buena parte de las críticas durante la legislatura. Las descalificaciones dirigidas desde el PSOE contra jueces y magistrados que investigan procedimientos vinculados al entorno gubernamental son una forma de poner en cuestión la labor de quienes ejercen funciones de control.
Esta estrategia ha contribuido a debilitar la confianza ciudadana en la independencia de la Justicia. Y el PNV ha respaldado en el Parlamento la acción del Gobierno sin manifestar discrepancias significativas en este ámbito. La actuación del Centro de Investigaciones Sociológicas también ha sido objeto de una intensa controversia. Desde que José Félix Tezanos asumió la presidencia del organismo, se han multiplicado las dudas sobre la neutralidad de sus encuestas.
La oposición sostiene que el CIS ha abandonado su papel como entidad pública independiente para actuar como un instrumento al servicio de la estrategia comunicativa del Ejecutivo, lo que supone un deterioro de los estándares democráticos. También en esta cuestión el PNV ha preferido mantener su respaldo parlamentario antes que reclamar cambios en el funcionamiento de la institución.
El PNV ha intercambiado su apoyo al Ejecutivo por nuevas transferencias de competencias, consolidándose como un aliado indispensable de un proyecto político que ha debilitado los mecanismos de control institucional y contribuido al deterioro de la calidad democrática en España. La responsabilidad política del PNV en ese proceso resulta inseparable de la asumida por el Partido Socialista.
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