El nacionalismo institucional vuelve a dar muestras de su desprecio por el bilingüismo real en Cataluña. Esta vez, el escenario del agravio es el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), una institución tradicionalmente controlada por el PSC. El ente metropolitano ha puesto en marcha la tramitación de su plan estratégico de movilidad marginando por completo la lengua de millones de catalanes.
La entidad Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha hecho sonar las alarmas al presentar alegaciones formales contra este proceso. La denuncia es clara: el Plan Metropolitano de Movilidad Urbana (PMMU) 2025-2030 se ha redactado y expuesto de forma exclusivamente monolingüe en catalán. La documentación esencial del proyecto no cuenta con una versión íntegra en castellano que posea el mismo valor jurídico.
La exclusión afecta a un compendio de textos técnicos de enorme complejidad. Entre los documentos ocultos al castellano se encuentran el estudio ambiental estratégico, la diagnosis previa, el informe de participación y los anexos de indicadores. Para la asociación civil, esta maniobra supone una vulneración flagrante del principio constitucional de cooficialidad lingüística en el territorio.
Este plan no es un mero trámite administrativo interno de carácter menor. El PMMU es la hoja de ruta que regulará el transporte y las infraestructuras de 36 municipios catalanes durante el próximo lustro. Sus directrices condicionarán directamente el día a día, la economía y la libertad de movimientos de millones de ciudadanos.
Las consecuencias del proyecto afectarán de lleno al diseño de las zonas de bajas emisiones, los aparcamientos públicos y el transporte colectivo. También impactará de forma severa en la actividad de transportistas, autónomos, comerciantes y usuarios de vehículos privados. Someter a información pública un expediente de tal envergadura negando el castellano resulta jurídicamente inadmisible.
El presidente de la entidad, Ángel Escolano, ha sido contundente al señalar que el AMB no puede tratar el castellano como si fuera una lengua extranjera o de segunda categoría. El castellano es un idioma oficial y propio de Cataluña. Los ciudadanos tienen el derecho irrenunciable a conocer al detalle las normativas que regulan su vida cotidiana en este idioma.
La jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dejado claro de forma reiterada que ninguna lengua oficial puede tener carácter preferente sobre la otra. La cooficialidad real exige que la administración no obligue al administrado a traducir textos públicos por su cuenta. La falta de bilingüismo rompe el principio de equidad y sitúa al castellanohablante en una evidente situación de desventaja.
Por este motivo, las alegaciones exigen formalmente a la administración metropolitana la incorporación inmediata de la documentación bilingüe. Además, se reclama la retroacción del periodo de información pública. Los ciudadanos necesitan un nuevo plazo completo para formular alegaciones con plenas garantías y conocimiento de causa.
La ofensiva de Convivencia Cívica Catalana no se detendrá en la vía administrativa de la propia institución. La organización ya ha advertido que acudirá a los tribunales de justicia para exigir la impugnación total del plan si la aprobación definitiva mantiene este veto lingüístico. La batalla judicial se presenta como el único freno ante los desmanes de los despachos metropolitanos.
Lo ocurrido con el plan de movilidad evidencia una inercia cada vez más arraigada en las instituciones controladas por la izquierda y el nacionalismo en Cataluña. Se busca imponer el monolingüismo institucional de facto relegando el castellano a la marginalidad. La verdadera transparencia democrática no consiste en colgar archivos inaccesibles, sino en garantizar la igualdad de condiciones para todos los ciudadanos.
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