El Ejecutivo autonómico de Salvador Illa ha decidido mantener intacta la hoja de ruta de la imposición lingüística en Cataluña. Lejos de la moderación prometida en campaña, el PSC asume ahora los postulados más exigentes del nacionalismo al poner el foco sobre el sector del transporte público. Los conductores de taxi y de vehículos de transporte con conductor (VTC) se convertirán en el próximo objetivo de la fiscalización idiomática de la Generalitat.
La futura ley de transportes, actualmente en tramitación parlamentaria, incluirá una severa actualización de los requisitos de conocimiento del catalán para estos profesionales, para intentar acabar con el uso del español en el sector. La medida responde al cumplimiento de las directrices del Pacte Nacional per la Llengua, un acuerdo heredado del separatismo que los socialistas ejecutan ahora sin titubeos. Esta regulación añadirá una nueva traba burocrática a un sector que ya arrastra serios problemas de rentabilidad y competencia.
La estrategia ha quedado al descubierto tras una respuesta por escrito del consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, a una pregunta de Junts. El consejero no ha dudado en exhibir sintonía con los posconvergentes, confirmando que la maquinaria administrativa ya trabaja para evaluar las carencias en catalán de los conductores. El Govern demuestra así su debilidad parlamentaria, cediendo a las exigencias de sus socios prioritarios a costa de los trabajadores que no podrán elegir libremente usar el español.
En concreto, la Generalitat se ha aliado con la corporación de medios públicos 3Cat para diseñar herramientas de autoaprendizaje específicas para este colectivo. Tras un primer proyecto genérico bautizado como «Català fàcil», ambas entidades elaboran ahora materiales dirigidos en exclusiva al ámbito laboral del taxi. Es una vuelta al pasado que recuerda a las campañas institucionales de los años ochenta, pero adaptada a la actual obsesión regulatoria de la izquierda.
Resulta sorprendente que, ante las urgencias económicas y los problemas de seguridad que sufren las grandes ciudades catalanas, la prioridad del Govern sea vigilar el idioma de los transportistas. En lugar de flexibilizar la actividad de los autónomos, la izquierda prefiere asfixiarlos con controles administrativos que dificultan el acceso al mercado laboral. La obsesión identitaria vuelve a prevalecer sobre la gestión práctica de los servicios públicos esenciales.
Para justificar la medida, el departamento de Vila está recopilando datos de carácter tanto cuantitativo como cualitativo a través de la Dirección General de Transportes. Durante los últimos meses, altos cargos del Ejecutivo han mantenido discretas reuniones con colectivos de taxistas, prestando especial atención a las comunidades de origen extranjero. El objetivo real de estos encuentros no es otro que dimensionar el alcance de la futura obligatoriedad idiomática.
Esta ofensiva sobre los transportistas se enmarca en un plan mucho más amplio para fortalecer el sistema de formación de la población adulta. La Generalitat pretende impulsar una transformación estructural del modelo de enseñanza de la lengua, buscando una capilaridad absoluta en el entorno laboral. Ningún sector que tenga relación directa con la atención al ciudadano quedará libre de esta vigilancia institucional permanente.
Para sostener este despliegue, el Gobierno de Salvador Illa no ha dudado en engordar la estructura del Consorci per a la Normalització Lingüística. Este organismo, buque insignia de la política lingüística catalana, ha visto incrementada su plantilla de manera notable durante el último año. El dinero público fluye con alegría cuando se trata de financiar la red de asesores y examinadores encargados de fiscalizar a la sociedad civil.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace de Amazon pueden comprar el libro.
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