La Cataluña real sufre un deterioro institucional, social y económico sin precedentes que el actual Ejecutivo autonómico insiste en ignorar. Los ciudadanos honrados asisten con impotencia a un escenario donde la seguridad jurídica y física se ha convertido en un bien escaso. Bandas organizadas, delincuencia callejera y mafias de la extorsión campan a sus anchas por las principales urbes catalanas. Mientras tanto, el contribuyente asiste al desolador espectáculo de pagar los impuestos más altos del país a cambio de unos servicios públicos degradados.
El paisaje urbano de las grandes ciudades catalanas refleja hoy una crisis social que la izquierda y el separatismo prefieren calificar de anecdótica. El chabolismo y el sinhogarismo, fenómenos que se daban por erradicados en una sociedad próspera, regresan con fuerza a las calles ante la total pasividad institucional. Conseguir una vivienda digna es ya una utopía para la mayoría de los trabajadores, no solo por la imposibilidad de comprar, sino por un mercado del alquiler completamente tensionado por normativas fallidas. Esta preocupante realidad social no parece perturbar lo más mínimo el ánimo de los despachos oficiales del Palacio de la Generalidad.
En el plano económico, la pérdida de poder adquisitivo de las familias contrasta con una presión fiscal que se ha vuelto sencillamente asfixiante. Los salarios reales languidecen frente a la inflación y las exigencias de una administración autonómica devoradora de recursos públicos. A esto se suma el alarmante colapso de unas infraestructuras que lastran la competitividad y el día a día de los catalanes. Desplazarse por la autopista AP-7 se ha transformado en una ratonera diaria de retenciones, mientras que la red de Cercanías se asemeja cada vez más a una ruleta rusa de retrasos, averías e incertidumbre.
Frente a esta Cataluña que se cae a cachos económicamente, el bloque formado por el PSC y las formaciones separatistas demuestra tener una única e idéntica prioridad. La gestión pública se reduce a una obsesión identitaria focalizada en arrinconar el castellano en todos los ámbitos de la vida civil. Lejos de actuar como un factor de moderación, el presidente de la Generalidad ha decidido asumir como propia la agenda lingüística más radical de ERC y Junts. Para este sector político, el control idiomático de la sociedad prevalece sobre la seguridad ciudadana, la vivienda o el empleo.
La traducción práctica de esta deriva es una persecución administrativa que afecta de lleno al tejido comercial y laboral en Cataluña. El Govern no titubea a la hora de sancionar económicamente a pequeños negocios por el simple hecho de rotular o atender en la lengua común de todos los españoles. Asimismo, se imponen exigencias lingüísticas desproporcionadas en el acceso a la función pública, anteponiendo el carné lingüístico al mérito y la capacidad profesional. Esta preocupante desconexión entre la agenda gubernamental y los problemas reales de la calle augura un hartazgo ciudadano generalizado frente al declive moral y económico de la región.
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Sergio Fidalgo relata en el libro 'TV3, el tamborilero del Bruc del procés' como a los sones del 'tambor' de la tele de la Generalitat muchos catalanes hacen piña alrededor de los líderes separatistas y compran todo su argumentario. Jordi Cañas, Regina Farré, Joan Ferran, Teresa Freixes, Joan López Alegre, Ferran Monegal, Julia Moreno, David Pérez, Xavier Rius y Daniel Sirera dan su visión sobre un medio que debería ser un servicio público, pero que se ha convertido en una herramienta de propaganda que ignora a más de la mitad de Cataluña. En este enlace pueden comprar el libro.
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